El Tribunal de Copenhague condenó a los once activistas de Greenpeace, procedentes de ocho países, por allanamiento de morada, falsificación de documentos y suplantación de cargo público pero no fueron declarados culpables del delito de ofensa contra la Reina Margarita de Dinamarca (2), anfitriona de la cena (este cargo no se empleaba en el país danés desde 1934). Además del período de cárcel suspendida, la oficina de Greenpeace en los países nórdicos (Greenpeace Nordic) fue multada con 75.000 coronas danesas (10.000 €), mucho menos de lo exigido por el fiscal (3).
Dos de los tres jueces tuvieron en cuenta que los activistas realizaron un acto pacífico de protesta y dejaron claro que el tribunal reconoce que su naturaleza es la generación del debate y está inserta en un contexto político.
"Esta es una victoria para la libertad de expresión, el tribunal reconoció claramente la importancia de la protesta pacífica en nuestra sociedad y de defender lo que se cree", declaró el Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional Kumi Naidoo. “Ya se invirtió demasiado tiempo y dinero en vano tratando de procesar a activistas pacíficos, mientras que el verdadero delito fue el fracaso de 120 jefes de Estado que asistieron a la cumbre climática de Copenhague, para suscribir un tratado justo, ambicioso y legalmente vinculante que evitara el caos climático. Ellos son los que salieron con las manos limpias".
En diciembre de 2009, en la última noche de la Cumbre del Clima de Copenhague, tres activistas de Greenpeace (Juan López de Uralde, Nora Christensen y Christian Schmutz) caminaron por la alfombra roja para asistir a un banquete de Estado, donde desplegaron un cartel con un mensaje para los 120 líderes mundiales que asistieron a la cumbre para decidir que acciones tomar frente a la urgencia del cambio climático. El cartel decía "Los políticos hablan, los líderes actúan". Los tres activistas fueron arrestados de inmediato y, junto a un miembro de la campaña de Clima de Greenpeace, pasaron 20 días en prisión incluidos Navidad y Año Nuevo.
"Con el cierre de este caso, que al fin terminó, podemos dedicar toda nuestra atención a las tareas importantes que tenemos por delante", manifestó Nora Christiansen, una de las activistas. "Ahora se acerca la Cumbre del Clima de Durban y, por ello, los líderes del mundo no deben repetir los fracasos de Copenhague, sino tomar medidas fuertes y urgentes para el clima".
Greenpeace es una organización independiente que hace campañas a nivel mundial y que actúa para cambiar actitudes y comportamientos, para proteger y conservar el medio ambiente y promover la paz.
Notas:
1- El 17 de diciembre de 2009, durante la Cumbre del Clima (COP15) en Copenhague Juan López de Uralde (España) vestido como un jefe de Estado, Nora Christiansen (Dinamarca / Noruega) haciéndose pasar por su esposa, y Christian Schmutz (Suiza) pretendiendo ser sus guardaespaldas entraron en la cena real que se ofrecía a más de 120 jefes de estado en el edificio del Parlamento. Mientras los líderes mundiales llegaban al lugar, los activistas desplegaron carteles que decían: "Los políticos hablan, los líderes actúan”. Los tres activistas, junto con el miembro de la campaña de Clima Joris Thijssen (Países Bajos), fueron detenidos durante 20 días, incluyendo Navidad y Año Nuevo. Los otros acusados fueron quienes participaron en la caravana de limusinas: Morten Rasmussen (Dinamarca), Víctor Rask (Dinamarca / Suecia), Guilhem de Crombrugghe (Bélgica), Anders Redelius (Suecia) y Thomas Müller (Suiza). También fueron condenados los miembros de la campaña de Clima Melanie Francis (Reino Unido) y Dima Litvinov (Suecia / Estados Unidos).
2-El artículo 115 es una disposición del Código Penal danés que no se utilizó desde que fue promulgada en 1930 (que fue llamado primero el párrafo 114). La disposición aumenta la pena de los cargos a los que se aplica.
3- El fiscal danés había pedido a la corte 60 días de suspensión más multas de 30.000 euros para todos los activistas a excepción de uno (70 días y 5.000 euros). El fiscal también había pedido la deportación de todos los activistas, excepto los que contaran con nacionalidad danesa, así como seis años de prohibición de entrada en Dinamarca. Por último, el fiscal también deseaba que la oficina de Greenpeace en los países nórdicos (Greenpeace Nordic) recibiera una multa de 200.000 coronas, una cuadruplicación de la anterior multa.
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