Activistas de Greenpeace bloquean 46 estaciones de servicio de BP en Londres

Londres, Reino unido — En la mañana de ayer, activistas de Greenpeace bloquearon todas las estaciones de servicio de la petrolera en Londres, colocando en ellas un cartel con la leyenda: "Cerrado. Avanzando a un futuro sin petróleo".

La acción de Greenpeace se desarrolló en el contexto del nombramiento de Bob Dudley como el nuevo Director General empresa British Petroleum (BP). Dudley se desempeñaba anteriormente como vicepresidente de la división de energías alternativas y renovables. Al mismo tiempo, el Consejo Directivo de BP anunció registros record en pérdidas después de destinar alrededor de $ 30 millones de dólares para pagar por la operación masiva de limpieza y por gastos legales a partir del gran derrame en el Golfo de México (1).

"El nuevo jefe de BP, Bob Dudley, debe cancelar los planes actuales de la compañía para extraer petróleo, de manera riesgosa, en pozos en aguas profundas de Libia y del Ártico, donde un derrame podría tener consecuencias aún más devastadoras que en el Golfo, así como de las arenas bituminosas de Canadá", advirtió Kumi Naidoo, Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional. (2)

"Un cambio en el liderazgo es una oportunidad clave para que BP reduzca sus pérdidas en más de un sentido, dando la espalda a fuentes de energía costosas y ambientalmente irresponsables -como la perforación en aguas profundas y arenas de alquitrán canadienses- y avanzando hacia una revolución energética basada en fuentes de energía limpias", dijo Naidoo.

Los activistas de Greenpeace lograron bloquear casi cincuenta estaciones de servicio de BP utilizando un interruptor para detener el flujo de combustible en cada lugar. Los mismos fueron, luego, retirados de forma segura para evitar la reapertura de las estaciones.

En una de ellas (3), algunos escaladores de Greenpeace sustituyeron el ahora infame logo “verde” de BP por una nueva imagen que refleja mejor lo que la compañía representa hoy en la mente del público: una imagen del girasol de BP despareciendo en un mar de petróleo".

"Llegó el momento indicado para que BP vaya más allá del petróleo. Bajo la dirección de Tony Hayward la empresa retrocedió, exprimiendo las últimas gotas de petróleo de lugares como el Golfo de México, las arenas bituminosas de Canadá y hasta el frágil desierto del Ártico.”

"Ahora cerramos todos las estaciones de servicio de BP en Londres para darle al nuevo jefe la oportunidad de presentar un mejor plan para la empresa. Están desesperados porque nosotros creamos que ello van "más allá del petróleo". Bueno, ahora es el momento de demostrarlo”, declaró John Sauven, Director Ejecutivo de Greenpeace en el Reino Unido.

Los analistas del sector coinciden en que Bob Dudley será objeto de una intensa presión para delinear una nueva estrategia para revivir las fortunas de la compañía, dado que el precio de sus acciones es ahora un 40% más bajo que antes del derrame.

Para Greenpeace, el desastre en las aguas profundas es una señal para realizar una llamada a los poderes públicos del mundo pidiendo:

• Una prohibición inmediata de nuevas perforaciones en aguas profundas y de toda exploración de fuentes no convencionales de petróleo de alto riesgo (incluso en el Ártico y en la arenas de alquitrán canadienses)

•Que finalicen los subsidios a los combustibles fósiles y se aumente el apoyo al desarrollo de energía limpias

• Políticas y leyes fuertes para limitar el cambio climático y estimular la revolución energética.

Notas:

(1) Una presentación de la empresa realizada por Tony Hayward en marzo muestra que, en el curso del año 2010, BP planeaba invertir 19 billones de dólares en la industria del gas y el petróleo, mientras que la inversión en energías alternativas se estimaba en 1 billón de dólares. Ver http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/I/IC_bp_strategy_presentation_march_2010_slides.pdf
P. 67

(2) Extraer petróleo de arenas bituminosas es tres veces más perjudicial para el clima que la extracción de petróleo regular. “Comprendiendo las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la actividad de la industria petrolera en las arenas de Canada”, Environmental Research Letters 1 Notas 1 (2009), Alex D. Charpentier,
Joule A. Bergerson y Heather L. MacLean.

(3) La estación de servicio está situada en Camden, al norte de Londres. El logo utilizado para reemplazar al original fue diseñado como parte de un concurso de Greenpeace Reino Unido, que recibió más de 2.500 diseños en seis semanas. Para más información ver www.greenpeace.org.uk/pb

Greenpeace España renueva su dirección ejecutiva

España — Juan López de Uralde dejará su puesto como Director Ejecutivo de la organización ecologista Greenpeace en las próximas semanas, el 31 de agosto, tras casi una década en el cargo. La organización culmina una etapa que comenzó en el año 2001 cuando López de Uralde asumió el cargo. Durante esta década, bajo la dirección de López de Uralde, la organización ha crecido significativamente, multiplicando sus recursos, su base social -que traspasó hace dos años la línea de los 100.000 asociados-, consiguiendo grandes logros en sus campañas y convirtiéndose en la actualidad en un referente imprescindible en la lucha medioambiental en nuestro país.

Juan López de Uralde (Donostia, 1963) -Juantxo, como se le conoce internamente- comenzó su vinculación con Greenpeace hace 23 años como responsable de la campaña contra la incineración marina de residuos tóxicos. Desde entonces ha desarrollado numerosas tareas en la organización, como la coordinación de las campañas de tóxicos y energía, la dirección de campañas a nivel nacional o la coordinación internacional de las campañas de tóxicos. Desde 2001 compaginó sus labores en la dirección ejecutiva de Greenpeace España con otras tareas como la presidencia de la Unidad Europea de Greenpeace o la coordinación del trabajo de cara a la Cumbre de Copenhague. Como activista, la acción más conocida fue la entrada a la recepción oficial que brindaba la Reina de Dinamarca a los Jefes de Estado y Gobierno asistentes a la Cumbre de Copenhague el pasado año, y que terminó con su detención y prisión durante 21 días.

“Siempre he pensado que es importante dejar el puesto cuando las cosas van bien. Éste es el caso de Greenpeace España en la actualidad, con una cifra récord de asociados, unos recursos saneados, un equipo sólido tanto de trabajadores como de voluntariado, un buen equipo de dirección, una importante capacidad de hacer campañas y por tanto una gran influencia y reputación intachable dentro y fuera de nuestras fronteras.”, ha declarado López de Uralde.

“Queremos destacar el enorme trabajo que Juantxo ha realizado en estos casi diez años. Allá por el año 2001 cogió una organización con serios problemas, saliendo de una fuerte crisis interna, y deja una organización fuerte, estable y respetada. Queremos agradecerle el magnífico trabajo realizado y su total dedicación a Greenpeace todos estos años y pedirle que siga formando parte siempre de esta casa que es la suya.”, ha declarado, en nombre de la Junta Directiva, Sonia Rubio, presidenta de la organización.

Tras la salida del actual director, Greenpeace emprenderá el proceso de selección de la persona que liderará la ejecutiva de la organización en los próximos años. Durante este proceso, Mario Rodríguez, actual director de campañas, será el director interino de la organización.

Arctic Sunrise - Nueva expedicion hacia el vertido de petroleo en el Golfo de Mexico

España — El Arctic Sunrise va a realizar una expedición de tres meses para documentar el verdadero impacto del desastre en los ecosistemas terrestres y marinos de la zona, así como en las especies migratorias que están a punto de llegar a sus refugios estacionales en las costas de Estados Unidos.

El Arctic Sunrise saldrá de Tampa, Florida, la semana del 9 de agosto y visitará los Cayos de la Florida y el parque nacional Dry Tortugas, antes de acercarse a la fuente del derrame, a 80 km de la costa de Venice, en Louisiana. Científicos a bordo del barco de Greenpeace examinarán la zona del Golfo a fondo -desde el plancton en la superficie hasta las plumas de crudo en la columna de agua o los corales de aguas profundas- para determinar el alcance de los impactos del vertido.

Greenpeace destaca que, pese al anuncio realizado por BP el pasado fin de semana de que había controlado el vertido, se ha comprobado que el pozo sigue vertiendo crudo al mar porque existen fugas de menor entidad que la empresa no puede controlar. Y recuerda igualmente que ni siquiera la completa detención del vertido significaría el fin del problema ya que los más de 700 millones de litros de petróleo que se han derramado en el Golfo de México siguen poniendo en peligro la vida salvaje y los ecosistemas marinos de la zona y afectando gravemente al sector pesquero de la región. Según la organización ecologista, BP ha cometido muchos errores entre los que destaca la asignación de recursos insuficientes para solucionar este problema y la falta de transparencia, ocultando información o impidiendo el acceso a la zona de periodistas y de la sociedad civil.

Mediante la expedición que empezará a primeros de agosto, Greenpeace pretende evaluar los impactos de una forma independiente desde la misma fuente del problema para que los ciudadanos estadounidenses y el mundo en general conozcan en alcance real de esta tragedia ambiental.

Durante la expedición, el Arctic Sunrise hospedará a científicos independientes de diferentes disciplinas que identificarán la vida marina en la zona y valorarán las consecuencias del vertido en su desarrollo, mediante el monitoreo de mamíferos marinos, tortugas, peces y aves marinas, así como a través de la observación de bioindicadores de la contaminación como las esponjas marinas que, por ser organismos filtradores de grandes cantidades de agua, son útiles para analizar los efectos subletales del petróleo y los dispersantes. Estarán a bordo del barco de Greenepace, entre otros, Charles Messing y José López de la Nova Southeastern University.

Greenpeace hace un llamamiento a los poderes públicos para que:

• Prohíban la perforación en aguas profundas y la exploración de cualquier otra vía no convencional de obtención de petróleo como las explotaciones en el ártico o las arenas bituminosas, por sus elevados riesgos.
• Dejen de subvencionar a los combustibles fósiles, como acordaron los miembros del G8 reunidos en Pittsburg el año pasado, entre los que estaba España.
• Reinviertan los fondos anteriores en la promoción de las energías renovables.
• Establezcan políticas públicas que estimulen una revolución energética basada en energías limpias, la única forma de luchar eficazmente contra el cambio climático.

La organización ecologista ha destacado la incoherencia de países como Estados Unidos que no contempla el abandono de su dependencia del petróleo y sigue consumiendo el 25 por ciento de los recursos petroleros globales pese a tener sólo el tres por ciento de las reservas de crudo del mundo. Greenpeace señala la necesidad de invertir globalmente en el desarrollo del gran potencial que tienen las energías renovables, así como las medidas de ahorro y eficiencia energética. La organización recuerda que, según el su informe [R]evolución Energética, es posible eliminar gradualmente los combustibles fósiles a escala global. Ya para el año 2050 se podría llegar a reducir nuestra demanda de combustibles fósiles y nucleares hasta un 86% respecto al escenario tendencial.

Exportar y reciclar las 10 toneladas de pilas acopiadas por la Ciudad es más económico que enterrarlas en el país

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace denunció ayer que las 10 toneladas de pilas y baterías recolectadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son de marcas reconocidas y que exportarlas para su correcto tratamiento y reciclado en Europa o Canadá, como estas empresas hacen en otros países, es más económico que enterrarlas en el país en rellenos de seguridad.

Según datos del Gobierno de la Ciudad, la empresa Befesa S.A. (compañía especializada en la gestión integral de residuos peligrosos) presentó un presupuesto en el cual consigna que el costo para el tratamiento de las 10 toneladas de pilas y baterías mediante la disposición final en rellenos de seguridad rondaría los 72.600 pesos. Mientras tanto, y de acuerdo a un presupuesto solicitado por Greenpeace a la empresa Silkers SA, el costo de exportar esas mismas 10 toneladas de residuos de pilas para ser recicladas y lograr recuperar materiales valiosos y evitar el impacto ambiental de su disposición en rellenos, alcanza los 64.935 pesos.

La organización ambientalista exige que las empresas importadoras se hagan cargo legal y financieramente de las pilas y baterías que recolectó el Gobierno de la Ciudad; esto significa que se hagan responsables de la exportación para su posterior reciclado, ya que, en consonancia con la legislación internacional, son las empresas productoras, importadoras o comercializadoras las responsables por la gestión de los residuos de sus propios productos.

“Con un simple vistazo a las toneladas de pilas y baterías acopiadas por la Ciudad se pueden reconocer muchas de las marcas conocidas, Eveready, Duracell, Rayovak, Kodak, Energizer, entre otras. Todas estas compañías hoy se desentienden del destino de los residuos de los productos que colocan en el mercado”, señaló Yanina Rullo, integrante de la campaña de contra la Contaminación de Greenpeace.

Greenpeace resaltó que existen normas en diferentes países del mundo que obligan a las empresas a hacerse cargo del costo de la recolección y tratamiento de esta clase de residuos, como es el caso de la legislación de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y en el caso de América Latina, la reciente Resolución 1297 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia que establece la Responsabilidad Extendida del Productor para la gestión de este tipo de residuos.

“En otros países, como los que integran la Unión Europea, Canadá o Colombia, estas mismas compañías se hacen cargo de la correcta gestión de sus residuos; sin embargo en Argentina esta responsabilidad está ausente”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.

“La disposición en rellenos de seguridad es el método más difundido en Argentina para los residuos peligrosos, pero al igual que otras técnicas como la vitrificación o la cementización, no sólo son peligrosos sino que además se trata de métodos de aislamiento en celdas de materiales tóxicos que no pierden su condición y se convierten en pasivo ambiental”, declaró Rullo y agregó: “Lo más grave es que, más allá de la disposición en los rellenos de seguridad, en nuestro país enterramos la mayor cantidad de estos residuos a rellenos sanitarios comunes o basurales, lo que genera impactos mayores en el ambiente y la salud de las personas”.

Según el Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe, en los países de la región, como Argentina, se consumen 10 pilas por habitante por año, lo que significa más de 400 millones de pilas consumidas anualmente (1). Sólo cruzando esta cifra con el precio promedio de las pilas comunes más usadas -AAA y AA (2)-, considerando un valor promedio de 3 pesos por unidad (3), el volumen de ingresos del sector que comercializa pilas y baterías llega a superar ampliamente los mil doscientos millones de pesos al año ($1.200.000.000). “Si se tiene en cuenta que las empresas obtienen grandes ganancias por colocar en el mercado productos tóxicos y difíciles de reciclar, resulta increíble que hoy se nieguen a hacerse cargo de los residuos de pilas y baterías”, sentenció Rullo.

El reciclado resulta hoy el método de tratamiento más adecuado: tanto las pilas primarias (no recargables o desechables) y secundarias (recargables) o baterías pueden ser recicladas y los materiales que las componen recuperados. La asociación de compañías que producen y comercializan pilas y baterías en Europa -European Portable Battery Association (EPBA)- considera al reciclado como el único método de tratamiento apto para este tipo de residuos frente a cualquier otro tipo de alternativa.

Greenpeace impulsa que el principio que establece la Responsabilidad Extendida del Productor alcance el estatus de ley nacional de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para que la población a través de sus impuestos, y los gobiernos locales dejen de ser los responsables de administrar la contaminación de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Asimismo, reclama que las empresas no obstaculicen el tratamiento de la ley de residuos electrónicos que se encuentra en el Senado de la Nación, que determina la responsabilidad legal y financiera de las empresas de aparatos eléctricos y electrónicos -incluidas pilas y baterías- sobre los residuos de los productos que colocan en el mercado.

“Las pilas y baterías, junto con el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos, se encuentran hoy en una zona gris con respecto a la legislación vigente en materia de residuos. Por un lado corresponden a los residuos domiciliarios porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos, pero por el otro cumplen con los criterios de residuos peligrosos, por sus componentes”, señaló Testa. “Es necesario que, para este tipo de residuos, se establezca el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que amplía la responsabilidad legal y financiera de los fabricantes e importadores una vez finalizada la vida útil de estos artefactos”, concluyó.

Notas:

(1) Guía para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos. Fichas Técnicas Tomo II. Centro Coordinador del Convenio de Basilea para América Latina y el Caribe. Montevideo, Uruguay.

(2) El dato incluido surge del “Estudio para la Identificación y Análisis de Pilas y Baterías”, realizado por el Instituto de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires, en virtud del Programa de Recolección de Pilas y Baterías desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que arrojó que el 69% de las pilas recolectadas pertenecían al tipo AAA y AA.

(3) El precio de las pilas primarias y botón oscila entre 1.50 y 12 pesos según el tipo y marca.

Greenpeace: “La gasificación de residuos urbanos es una tecnología riesgosa y poco probada”

Buenos Aires, Argentina — Ante las propuestas de tratamiento de residuos que se evalúan en diferentes localidades de la provincia y al viaje del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, a los Estados Unidos para visitar plantas de incineración, Greenpeace declaró hoy que las tecnologías que se están considerando no han sido suficientemente probadas en el mundo y, en muchos casos, han generado riesgos para la salud y el medio ambiente.

La organización ambientalista manifestó su preocupación por la instalación de plantas de gasificación o pirólisis para el tratamiento de residuos en la ciudad de Córdoba, ya que existen pocas experiencias a nivel global y muchas de ellas han fracasado en sus promesas de brindar una solución sustentable para los residuos sólidos urbanos.

“Nos preocupa que el intendente de la ciudad de Córdoba haya viajado a Estados Unidos para confirmar que su plan para gestionar residuos urbanos es la incineración. Se está proponiendo a la sociedad cordobesa una tecnología que no ha sido probada parar tratar la cantidad de residuos domiciliarios que genera por día la capital cordobesa. En Estados Unidos no hay plantas de gasificación, pirólisis o plasma que traten residuos domiciliarios a esa escala”, señaló Lorena Pujó, integrante de la campaña contra la Contaminación de Greenpeace.

La instalación de plantas similares a la que se prevé para Córdoba fue rechazada en países como Estados Unidos, Canadá y Alemania por falta de evidencias que demuestren las ventajas de estos sistemas. Además, como ejemplos recientes, en los últimos meses dejaron de funcionar plantas pilotos en Canadá y el Reino Unido, ya que se comprobó que estaban emitiendo sustancias tóxicas como dioxinas y furanos que afectan a la salud.

“En distintos países existen varios proyectos en estudio, plantas piloto y una intensa campaña por parte de empresas del sector a favor de este tipo de instalaciones, pero la mayor parte de los datos disponibles sobre las ventajas ha sido muy difícil de comprobar”, explicó Pujó. “La mayoría de las plantas de incineración con recuperación de energía, por ejemplo, en Europa, son convencionales, con los perjuicios al ambiente y la salud conocidos”, agregó.

Entre las supuestas ventajas de este tipo de tratamiento, se encontrarían la reducción de las emisiones de sustancias tóxicas, el aumento de la eficiencia energética que contribuye a reducir los gases de efecto invernadero, la reducción de costos, los índices de reciclado más altos y el impacto visual reducido. “Hasta el momento, nada de esto ha sido comprobado en la realidad, más allá de las promociones de las empresas”, aclaró Pujó.

En la actualidad pocas plantas operan comercialmente con residuos urbanos a gran escala, tal como se planea realizar en la capital cordobesa. En Japón se tratan poco más de 100 toneladas por día y en algunas plantas de Europa o Estados Unidos tratan, con tecnologías de pirólisis o gasificación, otro tipo de residuos o insumos como desechos forestales, petróleo o carbón. No hay plantas operando comercialmente con residuos sólidos urbanos (RSU) en Estados Unidos. (1)

Muchas de estas plantas que trataban RSU no lograron superar la etapa de prueba o planta piloto debido a numerosos problemas operativos como explosiones, interrupciones de los sistemas; filtración de gases, corrosión y agrietamientos. A esto se sumó que las emisiones de sustancias tóxicas estaban por encima de los compromisos de las empresas o de los niveles permitidos por la legislación; la eficiencia energética era baja, los costos eran altos y había un fuerte rechazo por parte de las comunidades.

En Argentina, diversos proyectos de incineración fueron frenados debido a que los estudios confirmaron que este proceso emite sustancias tóxicas persistentes al ambiente que afectan la salud; tiene baja eficiencia en términos de recuperación de energía, libera Gases de Efecto Invernadero (GEI) y compite con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos.

“La gestión de los residuos municipales debe pensarse en el mediano y largo plazo, adoptando modelos que no afecten el ambiente y la salud de la población. La incineración convencional o por etapas no es la solución a las necesidades energéticas ni a los problemas actuales de gestión de residuos, ya sean basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios”, concluyó Pujó.

Para Greenpeace, la solución adecuada en términos sociales, ambientales y económicos, es la formulación de políticas y la implementación de programas de Basura Cero, que apuntan a lograr la reducción y el reciclado de residuos. A esto se debe sumar la sanción de leyes que contemplen el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que determina la responsabilidad de los fabricantes e importadores de diversos productos en todas las etapas de producción hasta el final de su vida útil e impulsa el ecodiseño y el reciclado.

Nota:

(1) Existen diferentes tipos de plantas de gasificación, en todos los casos, el producto final es un gas de síntesis que variará su composición según el insumo que ingrese en el proceso. Algunas plantas tratan carbón o residuos del petróleo. Definitivamente, la energía que se obtiene de estos insumos no puede llamarse ni renovable ni limpia, ya que proviene de hidrocarburos. También hay plantas que gasifican residuos agroforestales, hecho que plantearía expectativas interesantes. Por último, existen muy pocas plantas que realizan la gasificación del material heterogéneo que componen los RSU. En este último caso hay más incógnitas que certezas en cuanto a su viabilidad técnica y ambiental.

Greenpeace despide a Dorothy Stowe, co-fundadora de la organización y defensora de la justicia social

Internacional — La co-fundadora de Greenpeace, Dorothy Stowe, falleció el 23 de julio de 2010 a las 3 de la mañana en Vancouver, Canadá, a la edad de 89 años.

Dorothy Anne Rabinowitz nació en Providence, Rhode Island, el 22 de diciembre de 1920. Hija de inmigrantes judíos procedentes de Rusia y Galicia, ella describió a su padre Jacob como "idealista y político. Él se preocupaba por la justicia no sólo para el pueblo judío, sino para todos". La madre de Dorothy, Rebecca Miller, enseñaba hebreo e inspiró a Dorothy a seguir una educación universitaria.

Dorothy asistió a la Universidad de Pembroke en los EE.UU, se graduó en Literatura y Filosofía, se convirtió en una trabajadora social especializada en psiquiatría y se desempeñó como la primera presidenta de su sindicato local de empleados civiles. Durante la represiva era McCarthy, cuando amenazó con realizar una huelga, el gobernador del estado la llamó, erróneamente, "comunista" pero ella se mantuvo firme y ganó un aumento de sueldo para su gremio.

En 1953 Dorothy se casó con Irving Strasmich, abogado de derechos civiles. Celebraron su boda en la cena de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP), la organización que inició el movimiento por los derechos civiles en EE.UU.

La pareja cambió su apellido original por el de Stowe, en honor a Harriet Beecher Stowe -pionera feminista y abolicionista- quien ayudó conseguir el fin de la esclavitud en los EE.UU. Los Stowe tuvieron dos hijos, Robert, nacido en 1955 y Bárbara, nacida en 1956. Ambos ahora viven en Vancouver.

En la década de 1950, Dorothy e Irving Stowe comenzaron a hacer campaña contra las armas nucleares adoptando las ideas cuáqueras de "dar testimonio" frente a las malas prácticas y "decir la verdad al poder". Los barcos cuáqueros “Golden Rule” y “Phoenix” en 1958 influyeron la decisión de los Stowe, doce años después, de navegar hacia la isla de Amchitka, zona de prueba nuclear en Alaska, realizando la primer campaña de Greenpeace.

En 1961, para evitar el apoyar a la guerra de Vietnam con sus impuestos, Dorothy e Irving emigraron a Nueva Zelanda, donde lideraron manifestaciones frente a la embajada de EE.UU. y protestaron contra las pruebas de armas nucleares francesas en la Polinesia. Sin embargo, cuando Nueva Zelanda envió tropas a Vietnam en 1965, los Stowe trasladaron a su familia a Canadá.

En Vancouver, Dorothy trabajó como terapeuta familiar, apoyando el activismo pacífico a tiempo completo de Irving. Luego, la pareja conoció a los periodistas Bob Hunter y Ben y Dorothy Metcalfe, quienes los ayudaron a promover sus campañas. En una manifestación por la paz, se reunieron con los compañeros cuáqueros Jim y Marie Bohlen y la esposa inglesa de Hunter, Zoe. Este grupo formó el núcleo de una organización a favor de la paz y la ecología que estremecería al mundo con protestas dramáticas.

Cuando, en 1968, EE.UU. anunció una serie de ensayos nucleares en Alaska, los Stowe formaron "Don't Make a Wave Committee", un nombre inspirado en el miedo a que se produjera un tsunami causado por las explosiones. Dorothy Stowe agrupó a trabajadores sociales y a grupos de mujeres para organizar un boicot a productos norteamericanos hasta que las pruebas nucleares fueran canceladas. Cuando Jim y Marie Bohlen sugirieron navegar con un barco en la zona de los testeos, Dorothy e Irving aceptaron la propuesta.

Se alquiló el barco “Phyllis Cormack”, luego re-bautizado con el nombre "Greenpeace" para enfatizar la fusión entre la paz y la ecología. Éste zarpó en septiembre de 1971 pero fue detenido por la Guardia Costera de los EE.UU. y nunca llegó a la isla. Sin embargo, el viaje había creado un alzamiento público y, en febrero de 1972, Estados Unidos anunció el fin de los ensayos nucleares.

En mayo de 1972, el grupo cambió su nombre por el de "Greenpeace". Actualmente, la organización tiene oficinas en más de cuarenta países -entre ellos China y la India- y, recientemente, en África. "Es sorprendente", recuerda Dorothy, "lo que pueden lograr algunas personas sentadas en torno a una mesa de una cocina".

Durante los años siguientes, Dorothy recibió a cientos de jóvenes activistas que iniciaron peregrinaciones hacia su casa en busca de inspiración. Cuando la banda U2 visitó Vancouver en 2005, el cantante Bono insistió especialmente en conocer a Dorothy Stowe. Dorothy nunca descansaba en los éxitos del pasado, ni dejó de trabajar para el cambio social. Su dedicación de toda la vida ha inspirado a activistas de todo el mundo.

Un mes antes de fallecer, Dorothy organizó un almuerzo para Kumi Naidoo, el Nuevo Director Ejecutivo de Greenpeace Internacional. Después del evento, Kumi declaró que la reunión fue uno de los momentos más inspiradores de su vida, atestiguando el optimismo y el entusiasmo de una mujer que había dedicado su vida entera a hacer del mundo un lugar mejor para los demás.

El homenaje más adecuado para Dorothy Stowe es que todos nos levantemos cada mañana y vayamos a trabajar en servicio de la paz, la justicia y la tierra.

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Rex Weyler
July 23, 2010

Rex Weyler fue el Director de la Fundación Greenpeace , editor del primer newsletter de la organización y co-fundador de Greenpeace Internacional en 1979. Fue el fotógrafo y reportero en las primeras campañas de océanos y ballenas de Greenpeace.

Greenpeace reclama a Duracell que se haga cargo de las pilas usadas

Buenos Aires, Argentina — Activistas de Greenpeace reclamaron en la sede de Duracell en Argentina que la empresa se haga cargo de la gestión de las 10 toneladas de pilas y baterías recolectadas por la Ciudad de Buenos Aires. La organización ambientalista advirtió que las pilas y baterías, a pesar de contener compuestos tóxicos, son arrojadas junto con la basura común a basurales y rellenos y denunció que en Argentina, a diferencia de la responsabilidad que asumen en otros países, las empresas importadoras de pilas y baterías se desentienden del problema ambiental que generan los residuos de sus productos.

Una docena de activistas de Greenpeace reclamó hoy frente a la sede de la compañía Procter & Gamble, importadora de pilas Duracell en Argentina, que la empresa se haga cargo de la gestión de las 10 toneladas de pilas y baterías recolectadas por la Ciudad de Buenos Aires. Con carteles y remeras que rezaban “Duracell contamina” y “Duracell hacete cargo de tus pilas” los manifestantes de Greenpeace repartieron volantes a los empleados de la firma con el objetivo de mostrar el doble estándar de la empresa que gestiona sus residuos en otras partes del mundo y no lo hace en nuestro país.

La organización ambientalista denunció que las pilas y baterías, a pesar de contener compuestos tóxicos, son arrojadas junto con la basura común a basurales a cielo abierto y rellenos sanitarios y que las empresas importadoras en Argentina se desentienden del problema ambiental que generan los residuos de los productos que colocan en el mercado, a diferencia de la responsabilidad que asumen en otros países.

“Es necesario que las empresas asuman la responsabilidad en la gestión de los residuos que generan sus pilas y baterías una vez finalizada su vida útil, tal como lo hacen en Europa, Estados Unidos, Canadá y Colombia entre otros. Aquí muchas empresas no sólo no se hacen cargo de su basura electrónica sino que, además, hacen todo lo posible para desentenderse del problema”, señaló Yanina Rullo miembro de la Campaña contra la contaminación de Greenpeace.

Si bien las pilas y baterías representan un porcentaje bajo del volumen total de residuos sólidos urbanos son, junto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una de las corrientes con mayor aporte de metales pesados. Todas las pilas contienen metales peligrosos como cadmio, mercurio, plomo, manganeso, níquel, zinc y litio. En países como Francia, Canadá, Suecia o España existen recicladores que tratan estos residuos y recuperan sus materiales para ser utilizados nuevamente por la industria. Hoy en día se puede recuperar hasta un 90% de los materiales de las baterías recargables y cerca de un 50% de las pilas comunes, sin embargo, en Argentina se siguen enterrando con los residuos comunes, generando contaminación y derroche de recursos.

Según Rullo, “el resultado del Programa de recolección de pilas y baterías agotadas llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del cual se acopiaron 10 toneladas de estos desechos que hoy tienen destino incierto, es una muestra de lo que pasa en todo el país. Son las empresas importadoras las que deben encargarse de darle la mejor gestión y tratamiento a los residuos de sus propios productos, empezando por estas 10 toneladas”.

Greenpeace impulsa que el principio que establece la Responsabilidad Extendida del Productor alcance el estatus de ley nacional de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, para que los gobiernos locales y la población a través de sus impuestos dejen de ser los responsables de administrar la contaminación de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Desde hace dos años, la ONG viene trabajando por una ley nacional que regule la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entre ellos las pilas y baterías.

“Las pilas y baterías junto con el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran hoy en una zona gris con respecto a la legislación vigente en materia de residuos. Por un lado corresponden a los residuos domiciliarios porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos, pero por el otro cumplen con los criterios de residuos peligrosos, por sus componentes”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace. “Es necesario que, para este tipo de residuos, se establezca el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que amplía la responsabilidad legal y financiera de los fabricantes e importadores una vez finalizada la vida útil de estos artefactos. En Argentina estas empresas deben hacer lo mismo que hacen en otros países, responsabilizarse por la gestión de los residuos de sus propios productos”, concluyó Testa.

Por otro lado, y a través de su página web, la organización ambientalista invita a los consumidores a pedir a las empresas que se hagan cargo de las pilas y baterías usadas. Hasta hoy, en menos de un mes, más de 80 mil personas enviaron su demanda.

“Es imprescindible frenar las centrales a carbón que impulsa el gobierno”

Buenos Aires, Argentina — Para Greenpeace la extensión del Sistema Interconectado Nacional hacia la Patagonia debe impulsar una matriz energética más limpia. Sin embargo, las expectativas generadas por el hallazgo de carbón en la localidad de Laprida, Provincia de Buenos Aires, manifiestan la decisión del Gobierno Nacional de avanzar en la quema de carbón para la generación eléctrica.

Greenpeace manifestó una vez más que la extensión del sistema interconectado nacional hacia el extremo sur del país debe representar una oportunidad para ingresar masivamente energía eléctrica renovable y limpia, como es el caso de la energía eólica. “Extender el interconectado para impulsar el carbón es un error estratégico, es poner los recursos económicos en desarrollar un modelo energético totalmente insustentable” señaló Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de la organización.

Los ambientalistas han venido advirtiendo sobre los planes del Gobierno Nacional de comenzar con la generación eléctrica a gran escala en base a carbón. “El primer paso es la Central Térmica de Río Turbio, pero continúa hasta alcanzar en el 2025 una potencia de unos 3.000 a 5.000 MW; algo así como 17 plantas como la de Río Turbio”, explicó Villalonga. “Argentina no tiene necesidad de comprometerse con ese combustible sucio y destructor del clima, ya que poseemos recursos energéticos limpios, abundantes y aún sin explotar”.

El carbón es el combustible fósil que más contribuye al calentamiento global y que genera mayores problemas de contaminación en su etapa de combustión. A pesar de ser una fuente de energía muy usada en el mundo, es la principal causa de las emisiones que están deteriorando el clima. “Si queremos mantener el cambio climático dentro de un rango de temperaturas globales que evite una catástrofe, debemos abandonar el carbón de manera urgente”, indicaron desde la organización ambientalista.

El pasado mes de junio la empresa Pan American Energy anunció que había hallado un manto carbonífero en la localidad bonaerense de Laprida. Tanto las primeras reacciones de las autoridades locales como provinciales han sido de gran expectativa ya que desde el gobierno nacional se están impulsando proyectos de centrales térmicas a carbón. “El plan energético del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, contempla la construcción de una primera planta en Río Turbio de 240MW y una próxima de 800 MW”, explicó Villalonga.

Luego de este anuncio del hallazgo de carbón mineral en la localidad bonaerense, Greenpeace enfatizó la necesidad de abandonar todo plan energético basado en la quema de carbón mineral. “Ese plan comienza con la Central de Río Turbio y continúa con una planta mucho mayor dentro de tres años. El plan energético del gobierno debe ser modificado radicalmente”, señalaron desde la organización ambientalista.

En materia de energías limpias y renovables, Greenpeace reiteró su insistencia en la necesidad de dar un fuerte impulso a la energía eólica y recomendó impulsar un primer paso que signifique completar 500 MW de potencia para fines de 2011. “Ese primer paso nos pondrá en la senda para alcanzar el objetivo del 8% de electricidad de origen renovable en el 2016 que se debe cumplir por ley y comenzar a aprovechar la energía eólica a gran escala” explicó Villalonga. Greenpeace demanda un desarrollo eólico de 500 MW para el próximo año, alcanzar 3.000 MW en el 2015 y 8.000 MW en el 2020.

El programa de impulso de las energías renovables del Gobierno (GENREN) que tiene por objetivo el cumplimiento de la meta nacional del 8% renovable para el 2016, aún no se ha puesto en marcha. Sin embargo, los subsidios que ya recibe la industria del carbón son muy importantes, tanto que YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio) ocupa el cuarto lugar entre las empresas del sector energético luego de CAMMESA (administradora del sistema eléctrico nacional), Enarsa y Nucleoeléctrica SA. En este caso no se tienen en cuenta los fondos previstos para la construcción de la planta de Río Turbio.

“Mientras el dinero del Estado se sigue dirigiendo hacia los recursos energéticos fósiles y nucleares, no existe nada relevante en materia de renovables”, agregó el vocero de Greenpeace. “Con la energía eólica se realizan frecuentes anuncios que atraen la atención de los medios, pero lo cierto es que los subsidios económicos se siguen destinando a las energías sucias”, concluyó.

Ley de Glaciares: el paso que todos esperábamos

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace considera un enorme paso adelante el acuerdo alcanzado para aprobar un texto de consenso y síntesis que supera muchas de las falencias que debían ser mejoradas en los dos textos hasta ahora en debate, para que Argentina tenga definitivamente una ley que permita monitorear el estado de situación de los glaciares en el territorio nacional así como establecer un régimen de protección de estos sensibles y vitales cuerpos de agua dulce.

El texto, que aún debe completar su aprobación en particular (artículo por artículo) en el recinto de la Cámara de Diputados, es un avance en el debate que se inició cuando el proyecto original fuera vetado por la Presidencia de la Nación. Hoy tenemos un texto mejor y una apreciación social mayor del valor del régimen de protección que necesitamos para monitorear y preservar las áreas glaciares y periglaciares.

Existen todavía algunas mejoras que pueden introducirse en la continuidad de su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados. Dichas mejoras permitirían lograr un régimen de protección de los glaciares más sólido e introducir algunas previsiones respecto de las autorizaciones de nuevos emprendimientos en áreas sensibles hasta tanto estén finalizados los inventarios de glaciares de cada jurisdicción provincial. Esperamos la urgente finalización de la aprobación total de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

• Para leer el documento completo "Glaciares/Minería" hacé click aquí.
  

• Para leer la propuesta de corrección a las “disposiciones transitorias” para los proyectos de ley sobre “Ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial” hacé click aquí.
  

GP en el Artico - Amenazan explotación petrolera y sobrepesca la vida en el Ártico

Luego de dos meses de navegar en las aguas del Océano Glacial Ártico y de confirmar que fenómenos como la acidificación, un proceso causado por la absorción de los océanos de bióxido de carbono (CO2), y el cambio climático representan serias amenazas para la vida existente en esa zona, Greenpeace demanda la inmediata moratoria sobre la actividad industrial en el Océano Ártico.

El cambio climático hace que el hielo del mar se derrita y el Océano Ártico está siendo objeto de amenazas cada vez mayores ante la ampliación de actividades industriales, incluida la pesca y la exploración de petróleo y gas.

"Permitir que las flotas pesqueras industriales aprovechen el derretimiento del hielo para avanzar hacia el norte coloca a estos increíbles hábitats en riesgo de destrucción, incluso antes de que hayan sido debidamente estudiados", advirtió Frida Bengtsson, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace Noruega.

El Océano Ártico es un ecosistema rico en organismos tales como corales blandos, anémonas de mar y tunicados. "Los gobiernos deben ponerse de acuerdo y debemos darle protección real ante la doble amenaza de la explotación de recursos y el cambio climático", continuó Bengtsson.

Greenpeace insta a los gobiernos a no ignorar la devastación causada por el derrame de petróleo del Golfo de México y la caída del número de ejemplares de algunas especies de peces como el bacalao del Atlántico debido a la sobrepesca. Se debe aprender de estas lecciones y se deben aplicar controles para proteger el Ártico, incluyendo una moratoria internacional sobre todas las actividades industriales.

Asimismo es necesario lograr una inmediata y sustancial reducción de las emisiones de gases invernadero si queremos evitar la devastación de los ecosistemas marinos ya que, de acuerdo con los resultados obtenidos de éste, el mayor experimento realizado en el océano sobre acidificación, de seguir emitiendo CO2 al ritmo actual, la acidez oceánica y los organismos marinos experimentarán cambios más allá de lo que han experimentado en los últimos 20 millones de años de su evolución.

"Los gobiernos reunidos en Cancún, México en diciembre para la próxima ronda de negociaciones sobre el clima de la ONU, deben agregar la acidificación de los océanos a la lista de razones de peso para lograr un acuerdo justo, ambicioso y legalmente vinculante para reducir las emisiones de CO2", concluyó Bengtsson.

-Reportaje, Greenpeace Mexico

Greenpeace prueba ante la UE la falsedad en la que se basa el decreto español de subvención al carbón

España — Ante las dudas de la Comisión Europea sobre la legalidad del Real Decreto español que pretende subvencionar la quema de carbón nacional en centrales térmicas, Greenpeace ha decidido poner en conocimiento de este organismo las pruebas sobre el excedente eléctrico y la sobre capacidad que existe en España. Además, Greenpeace destaca la injustificada contradicción en la que incurre el gobierno de Zapatero al aumentar las subvenciones al carbón mientras reduce las primas a las renovables.

“Como ya manifestó Greenpeace en sus alegaciones al Real Decreto, los problemas de garantía del suministro en los que este se fundamenta son inexistentes” ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña de cambio climático de Greenpeace. “Según los datos oficiales de Red Eléctrica de España, el suministro está garantizado y nuestro país ha sido y sigue siendo exportador neto de electricidad, por lo que no hay razón para subvencionar el carbón” ha concluido Vila, quien considera que, incluso en caso de que existiera un problema de suministro energético en España, este nunca debería garantizarse subvencionando al mayor emisor de CO2.

Greenpeace considera necesario que la Comisión Europea conozca los datos que demuestran la falsedad en la que se basa el Real Decreto, después de que miembros destacados de los departamentos de medio ambiente, energía, cambio climático y telecomunicaciones de este organismo manifestaran tener serias dudas acerca de la realidad de los problemas de garantía del suministro a los que alude el Gobierno español. Miembros de la Comisión Europea han declarado que es “moralmente obligatorio” esclarecer este asunto antes de dar el visto bueno a la aprobación del Real Decreto, dadas las alteraciones que esta normativa significaría para el mercado energético español.

“Es una vergüenza que el Gobierno español diga que cuesta demasiado dinero incentivar el desarrollo de las renovables mientras planea aumentar las subvenciones al carbón con cargo a la misma tarifa eléctrica” ha declarado José Luís García Ortega, responsable de proyectos de energía limpia de Greenpeace, quien también ha destacado que el coste de ayudas que el gobierno pretende dar al carbón sería mayor que el ahorro que quiere imponerle a la energía solar fotovoltaica.

La organización ecologista destaca la falta de criterio que implica aprobar más de 4.500 millones de ayudas a los principales emisores de CO2 con cargo del consumidor final, en lugar de destinar los mismos fondos a promover la energía renovable y a reducir las emisiones que, según la Comisión Europea, es la forma de luchar conjuntamente contra el cambio climático y la crisis económica (1).

Además, Greenpeace considera inaceptable el apoyo del Gobierno español al carbón después de que Zapatero se comprometiera, en el G8 de septiembre de 2009, a eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles. “El gran problema del sistema eléctrico español no es la falta de garantía de suministro sino el empeño del Gobierno por premiar a las fuentes energéticas más contaminantes, mientras obstaculiza el crecimiento de aquellas que pueden salvarnos del cambio climático y de la crisis: las energías renovables” ha concluido Vila.

En febrero de 2010, la Comisión Europea señaló varias modificaciones que el Gobierno español debía introducir en el Real Decreto, la primera versión del cual había sido aprobada prescindiendo totalmente del informe europeo preceptivo. El nuevo texto es el que se encuentra actualmente pendiente del informe de la Comisión Europea, fase en la que algunas áreas clave de la Comisión han apreciado indicios que ponen en duda la veracidad de los supuestos en los que se fundamenta el Real Decreto, por lo que se plantean realizar un análisis mucho más amplio que comprenda un estudio del sistema eléctrico español en cuanto a garantía de suministro.

(1) Análisis del documento en el que la Comisión Europea valora aumentar el compromiso europeo de reducción de emisiones al 30%.
http://www.greenpeace.org/espana/reports/100526

Greenpeace España

25 años del hundimiento al barco insignia de Greenpeace, el Rainbow

Internacional — Veinticinco años después de que dos bombas plantadas por agentes del servicio secreto francés hundieran el Rainbow Warrior en la bahía de Auckland, Nueva Zelanda, y provocaran la muerte del fotógrafo Fernando Pereira; Greenpeace conmemoró este aniversario con la construcción de una nueva nave que generará bajas emisiones de carbono: el Rainbow Warrior III.

La organización ambientalista informó que la nueva nave será la primera específicamente construida con tecnología avanzada y sustentable. La ceremonia de colocación de la quilla tuvo lugar hoy en el astillero marítimo en Gdansk, en Polonia.

Desde que comenzó a navegar, en 1978, el Rainbow Warrior ha estado al frente desafiando a quienes cometen abusos contra el medio ambiente. La nave ha sido un ícono de la acción directa no-violenta y un faro de esperanza para millones de personas alrededor del mundo. Hoy más que nunca el mundo necesita esperanza, necesita acción, necesita al Rainbow Warrior.

Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace Internacional, explicó que “cuando el Rainbow Warrior original fue bombardeado, la amenaza de la guerra nuclear representaba nuestra peor pesadilla y la preocupación sobre el cambio climático apenas estaba empezando. Hoy, está muy claro que cientos de miles de personas ya están muriendo como resultado de los impactos del cambio climático”. Agregó que “el nuevo Rainbow Warrior jugará un rol vital en nuestra campaña para evitar el cambio climático catastrófico”.

Tanto el primer Rainbow Warrior como el segundo, fueron en sus inicios embarcaciones de pesca con red de arraste; el nuevo barco será el primero que se construye para la flotilla de Greenpeace. Diseñado como un barco de navegación, sus impresionantes mástiles de marco en “A” se alzarán 54 metros por encima del agua, ayudando a Greenpeace a reducir su huella de carbón y servir como ejemplo a otros de la inteligente inversión medioambiental.

Entre otras características de diseño destaca el enlace vía satélite incorporado a la nave, con una conexión de banda ancha que permitirá a la tripulación tener contacto con el mundo y transmitir imágenes mientras la nave continua con su misión. Esto también permitirá a muchos millones de personas el unirse como guerreros virtuales del arco iris.

El barco también contará con grúas especialmente diseñadas que permitirán el rápido despliegue de balsas inflables – una herramienta vital en la confrontación contra el abuso medio ambiental. El barco comenzará a navegar en 2011, justo a tiempo para el 40 aniversario de la fundación de Greenpeace.

Como parte de la ceremonia de colocación de la quilla, Pete Willcox, quien fuera el capitán del Rainbow Warrior en la noche en que fuera bombardeado, colocó una guirnalda en memoria del fotógrafo Fernando Pereira: “Uno de los principios de Greenpeace, una de las cosas que nos hace a nosotros tan especiales y fuertes es que somos no-violentos. Fernando no tenía que morir, él no era una amenaza para nadie. Nosotros jamás lo olvidaremos. Yo espero que las generaciones de activistas que naveguen en esta nueva nave sean tan determinados, tan excepcionales y tan inspirados como él lo era.”

Kumi Naidoo concluyó: “Hoy, 25 años después del bombardeo del Rainbow Warrior, el mensaje es claro: no se puede hundir un arco iris”.

La profecía del Rainbow Warrior fue transmitida por los indios Cree al fundador de Greenpeace, Bob Hunter: “Llegará un tiempo en que los pájaros caerán del cielo, los animales de los bosques morirán, el mar se ennegrecerá y los ríos correrán envenenados. En ese tiempo, hombres de todas las razas y pueblos se unirán como guerreros del arco iris para luchar contra la destrucción de la tierra".

• Leé el hundimiento contado por sus protagonistas en nuestro blog, hacé click aquí.

La Legislatura de Formosa convirtió en ley un cuestionado Ordenamiento Territorial de Bosques

Formosa, Argentina — En forma expeditiva la Legislatura de Formosa convirtió en ley provincial la propuesta de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos enviada por el Poder Ejecutivo, a pesar de las múltiples objeciones de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de la provincia y de que Greenpeace advirtiera que la misma es inconstitucional ya que es contraria al espíritu y los criterios establecidos por la Ley Nacional de Bosques.

Luego de pasar rápidamente por la comisión de Ambiente, la norma fue sancionada sobre tablas, sin pasar por el resto de las comisiones, gracias a la mayoría absoluta que tiene el oficialismo en la Legislatura, y a pesar del pedido de la oposición de tomar más tiempo para convocar a los distintos sectores a manifestar sus opiniones. La zonificación aprobada establece 378.195 hectáreas en la Categoría I - Rojo (protección, no se permite desmonte ni aprovechamiento), 719.764 hectáreas en la Categoría II - Amarillo (aprovechamiento forestal y silvopastoril sustentable, no se permite desmonte) y 3.257.626 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial para el desarrollo agropecuario). (1)

Esta propuesta de Ordenamiento Territorial de Bosques había sido duramente cuestionada por varias organizaciones sociales, campesinas e indígenas durante las dos audiencias públicas realizadas por el Poder Ejecutivo.

Por su parte, mediante un documento dirigido a los legisladores formoseños, Greenpeace había advertido que esta propuesta de Ordenamiento Territorial, levemente modificada tras las audiencias públicas realizadas, no cumple con los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. (2)

“Esta ley no le pone ningún freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de los bosques” explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. “Es contraria al espíritu de la Ley de Bosques, ya que no protege a las zonas boscosas continuas, los corredores de conservación, y los bosques tradicionalmente utilizados por las comunidades indígenas”.

En las conclusiones del documento, Greenpeace advirtió que “teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las regulaciones necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, entendemos que esta propuesta resulta inconstitucional al no cumplir varios de los Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos que establece en su Anexo la Ley de nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.

Además, la organización ambientalista señaló su preocupación porque la zonificación propuesta destina casi el 75 por ciento de la superficie boscosa de la provincia a la categoría verde, es decir “sectores de bajo nivel de conservación que pueden desmontarse parcialmente o en su totalidad”. “Esta proporción desmedida no se condice con el valor real de los bosques nativos formoseños”, expresa el documento.

En este sentido, los ambientalistas observaron que la propuesta compromete la supervivencia de los pueblos indígenas, al considerar como territorio protegido sólo las propiedades que ocupan y no las zonas cercanas. “Esta situación pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales, y por ende, la supervivencia de los integrantes de estas comunidades”, afirma el documento.

“Es preocupante que la Legislatura formoseña no haya escuchado el reclamo de gran parte de la ciudadanía para que se protejan los bosques y haya sancionado una ley provincial que no respeta lo establecido por una ley nacional. Esta norma debería ser impugnada por la Justicia por ser inconstitucional”, afirmó Giardini.

Notas:

(1) Para descargar el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Formosa hacé click aquí.

(2) Para descargar las Observaciones a la Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Formosa hacé click aquí.

Formosa: Greenpeace reclamó a la Legislatura que modifique la propuesta de Ordenamiento Territorial de Bosques

Formosa, Argentina — Greenpeace denunció hoy que la propuesta de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Formosa es inconstitucional ya que es contraria al espíritu y los criterios establecidos por la Ley Nacional de Bosques y reclamó a la Legislatura formoseña su modificación.

Mediante un documento dirigido a los legisladores formoseños, la organización ambientalista señaló que la propuesta de Ordenamiento Territorial presentada por el Poder Ejecutivo, levemente modificada tras las audiencias públicas realizadas, no cumple con los criterios de sustentabilidad ambiental establecidos en la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. (1)

“La propuesta de zonificación presentada no pone ningún freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de los bosques” explicó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina. “Es contraria al espíritu de la Ley de Bosques, ya que no protege a las zonas boscosas continuas, los corredores de conservación, y los bosques tradicionalmente utilizados por las comunidades indígenas”.

En las conclusiones del documento, Greenpeace advierte que “teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las regulaciones necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, entendemos que esta propuesta resulta inconstitucional al no cumplir varios de los Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos que establece en su Anexo la Ley de nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”.

Además, la organización ambientalista señaló su preocupación porque la zonificación propuesta destina casi el 75 por ciento de la superficie boscosa de la provincia a la categoría verde, es decir “sectores de bajo nivel de conservación que pueden desmontarse parcialmente o en su totalidad”. “Esta proporción desmedida no se condice con el valor real de los bosques nativos formoseños”, expresa el documento.

En este sentido, los ambientalistas observaron que la propuesta compromete la supervivencia de los pueblos indígenas, al considerar como territorio protegido sólo las propiedades que ocupan y no las zonas cercanas. “Esta situación pone en riesgo la sustentabilidad de los recursos naturales, y por ende, la supervivencia de los integrantes de estas comunidades”, dijo Giardini.

Greenpeace manifestó en el documento que espera que los legisladores formoseños incorporen sus sugerencias teniendo en cuenta que las medidas que tomarán serán fundamentales para el futuro de los bosques nativos de la provincia, para las comunidades indígenas y campesinas que necesitan de éstos para subsistir, y para los habitantes de la provincia en general.

(1) Para descargar el documento completo hacé click aquí.

A dos años del fallo no hay mejoras en el Riachuelo

Buenos Aires, Argentina — A 2 años del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sanear el Riachuelo, Greenpeace denuncia que las obligaciones y plazos previstos en la sentencia, en su mayoría no han sido cumplidos.

Las críticas de la organización recaen sobre ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) órgano conformado por las tres jurisdicciones demandadas y responsable del Plan de Saneamiento Ambiental, que no ha logrado ejercer su rol como organismo interjurisdiccional, y no ha podido implementar políticas con metas y plazos concretos a nivel de toda la cuenca. Además, de acuerdo a los ambientalistas, la debilidad institucional evidenciada a partir del constante recambio de autoridades y funcionarios del organismo, repercute en la falta de continuidad en las tareas emprendidas.

Entre los incumplimientos, Greenpeace destacó lo sucedido con el componente de Control Industrial. La sentencia ordenó inspeccionar en 30 días todas las industrias de la Cuenca, y dos años después solo se han inspeccionado unas 3000 industrias de las más de 12.000 que estarían establecidas. “Lo que nos resulta preocupante es que no solo no se hayan inspeccionado todas las industrias, sino que todavía no sepamos el número real de establecimientos, ACUMAR tiene registradas unas 4.000 cuando de acuerdo a otros datos oficiales se estiman entre 12.000 y 15.000; recién en estos últimos 2 meses comenzaron con el reempadronamiento de industrias” manifestó Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.

Los ambientalistas señalan como otra evidencia de los incumplimientos, la falta de avance en el saneamiento de basurales, que contabilizaban 105 cuando la Corte Ordenó sanearlos en el plazo de un año y que a la fecha superan los 200. Por otra parte, declararon que resulta dificultoso medir objetivamente los avances en la gestión ya que el Plan de Saneamiento Ambiental no cuenta con un sistema de indicadores como lo ordenó la sentencia, otra manda que se suma a la numerosa lista de incumplimientos.

Además resulta preocupante la debilidad de la normativa adoptada para la recuperación y protección ambiental ya que no cumplirían con el objetivo de recomposición ambiental dispuesto por la Corte. “Los parámetros establecidos por ACUMAR para la calidad de agua, que definen las condiciones futuras del Riachuelo, no contemplan restricciones a sustancias peligrosas, por lo cual si se mantienen estos parámetros no será posible una recomposición ambiental ni siquiera a largo plazo.” manifestó Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina, quien concluyó que ”ya es tiempo de aplicar multas”.

— Greenpeace Argentina

Activistas de Greenpeace sustituyen el logo de BP en su sede de Madrid por uno “teñido” de petróleo

Madrid, España — Activistas de Greenpeace reemplazaron el logo verde y amarillo de la petrolera británica BP en su sede de Alcobendas (Madrid), por otro más acorde a su verdadera política ambiental, con los colores marrón y negro, en referencia al petróleo que su plataforma Deepwater Horizon está vertiendo en el golfo de México.

Varios escaladores desplegaron el nuevo logotipo en una de las fachadas del edificio en el que la empresa BP tiene sus oficinas con la leyenda: “Basta de petróleo”, mientras que otro grupo de activistas, que portaban carteles con el mismo mensaje, se colocaron frente a la entrada principal del mismo.

A pesar de la imagen verde que quiere transmitir BP, no sólo ha demostrado su irresponsabilidad en uno de los peores vertidos de petróleo en el mar de la historia, sino que no parece que vaya a revisar su política para que hechos así no vuelvan a suceder. “BP , al igual que el resto del sector, sigue apostando de forma decidida por mantener la dependencia que tiene nuestra sociedad del petróleo, aunque para ello exponga al medio ambiente a situaciones cada vez más peligrosas”, declaró Julio Barea, responsable de la campaña de contaminación de Greenpeace España.

BP ya dejó claro cuáles son sus prioridades: a lo largo de este año, la empresa tiene pensado invertir 19 veces más en energías sucias que en renovables, y además, en este último sector ha centrado sus inversiones en “biocombustibles” insostenibles. Es más, en los últimos dos años, BP ha abandonado las únicas dos plantas de su negocio de energía solar en España, uno de los países con mayor potencial de energías renovables de Europa (1).

Greenpeace pide al Gobierno español que aprenda la lección del vertido del Golfo de México y del Prestige y que, en consecuencia, elimine toda subvención a los combustibles fósiles y garantice un marco seguro para las inversiones en ahorro, eficiencia y renovables.

“Las subvenciones que los gobiernos conceden a las petroleras acaban financiando el cambio climático y los desastres ecológicos. Detrás de cada pozo petrolífero, de cada barco que transporte crudo, puede haber otro Deepwater Horizon u otro Prestige. Necesitamos una revolución energética que nos libere de la dependencia del petróleo”, señaló Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Transporte de Greenpeace.

El 87% del petróleo que se consume en España va destinado al sector del transporte. Greenpeace ha demostrado que con una revolución energética (2)en este sector, la Unión Europea 27 podría reducir para 2050 un 60% el gasto energético del transporte con respecto a las previsiones actuales para ese año. Esto sería posible gracias a la introducción de vehículos altamente eficientes, mediante el incremento del transporte de mercancías por ferrocarril y por cambios en los patrones de comportamiento relacionados con la movilidad junto con un cambio significativo a la electrificación con renovables de los vehículos.

Para evitar catástrofes ambientales similares en España, Greenpeace pide que:

• Las compañías petroleras dejen de perseguir a las últimas gotas de petróleo en los rincones más alejados del mundo así como que abandonen los recursos petrolíferos no convencionales en el Ártico y las arenas bituminosas.

• El Gobierno apruebe una moratoria a las prospecciones para nuevos pozos de petróleo en España y para las plataformas operativas.

• Se ponga fin a los subsidios a los combustibles fósiles y no gaste dinero de los impuestos en la financiación de los desastres provocados por el petróleo, incluido el cambio climático.

• Se libere a la economía de la dependencia del petróleo gracias a la reducción de la demanda energética y el fomento de las energías renovables

Notas:

(1) Greenpeace, Renovables 2050. El potencial de las energías renovables en la España Peninsular. Noviembre de 2005. http://www.greenpeace.org/espana/reports/informes-renovables-2050
(2) EREC, Greenpeace, Energy [R]evolution: a sustainable world energy outlook. Junio de 2010. http://www.energyblueprint.info/

Greenpeace exigió a las empresas que se hagan cargo de las pilas y baterías usadas

Buenos Aires, Argentina — Con el slogan “El que las hace, las paga” la organización ambientalista lanzó una campaña pública para alertar sobre la necesidad de una gestión ambientalmente adecuada por fuera de los residuos domiciliarios comunes de este tipo de productos al finalizar su vida útil.

La organización ambientalista presentó su reclamo en el Obelisco, en donde un grupo de activistas caracterizados como las mascotas y con los logos de las marcas de pilas y baterías más reconocidas del mercado fue “detenido” por la “policía”, acompañados por una pila inflable de 6 metros de altura y un cartel con la leyenda “el que contamina, paga”.

Greenpeace advirtió, además, que todas las pilas, tanto primarias como secundarias contienen componentes tóxicos, por lo que deben recibir un tratamiento acorde a sus compuestos. Asimismo, recordó que en la actualidad la totalidad de las pilas y baterías que se desechan terminan en rellenos sanitarios comunes y en basurales a cielo abierto, único destino de la basura en la mayor parte del país.

“El consumo de pilas y baterías tiende a incrementarse año tras año, no sólo por el crecimiento de la población sino también por el incesante aumento de la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que las utilizan”, señaló Yanina Rullo, integrante de la campaña contra la Contaminación de Greenpeace. “La gestión de este tipo de residuos representa un enorme problema para los diferentes municipios que tratan de crear planes de recolección de pilas que luego no reciben el tratamiento adecuado”, agregó Rullo.

Si bien las pilas y baterías representan un porcentaje bajo del volumen total de residuos sólidos urbanos son, junto a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una de las corrientes con mayor aporte de metales pesados. Todas las pilas contienen metales peligrosos como cadmio, mercurio, plomo, manganeso, níquel, zinc y litio. En países como Francia, Canadá, Suecia o España existen recicladores que tratan estos residuos y recuperan sus materiales para ser utilizados nuevamente por la industria. Hoy en día se puede recuperar hasta un 90% de los materiales de las baterías recargables y cerca de un 50% de las pilas comunes, sin embargo en Argentina se siguen enterrando con los residuos comunes generando contaminación y el derroche de recursos.

Según Rullo, “el resultado del Programa de recolección de pilas y baterías agotadas llevada a cabo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del cual se acopiaron 10 toneladas de estos desechos que hoy tienen destino incierto, es una muestra de lo que pasa en todo el país. Son las empresas importadoras las que deben encargarse de darle la mejor gestión y tratamiento a los residuos de sus propios productos, empezando por estas 10 toneladas”.

Greenpeace impulsa que el principio que establece la Responsabilidad Extendida del Productor alcance el estatus de ley nacional de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, para que la población, a través de sus impuestos, y los gobiernos locales dejen de ser los responsables de administrar la contaminación de los dispositivos eléctricos y electrónicos.

“Las pilas y baterías junto con el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran hoy en una zona gris con respecto a la legislación vigente en materia de residuos. Por un lado corresponden a los residuos domiciliarios porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos, pero por el otro cumplen con los criterios de residuos peligrosos, por sus componentes”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace. “Es necesario que, para este tipo de residuos, se establezca el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que amplía la responsabilidad legal y financiera de los fabricantes e importadores una vez finalizada la vida útil de estos artefactos”, concluyó Testa.

Por otro lado y a través de su página web, la organización ambientalista invita a los consumidores de pilas y baterías a pedirles a las empresas que se hagan cargo de las pilas y baterías usadas. Hasta hoy, en sólo una semana, más de 45 mil personas enviaron su demanda a las empresas.

El Espacio Matanza Riachuelo suma líderes políticos al compromiso por el saneamiento de la cuenca

Buenos Aires, Argentina — Los dirigentes radicales Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín sumaron esta tarde su firma a la convocatoria lanzada a principios de este mes por el Espacio Matanza Riachuelo, para comprometerse, en la medida en que esté a su alcance, con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó al Estado Nacional, al de la Provincia de Buenos Aires y al de la Ciudad Autónoma el saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.

Esta campaña es impulsada en el año del Bicentenario, al cumplirse también 200 años de contaminación del Riachuelo, la más grave emergencia ambiental de la Argentina y emblema de la contaminación nacional. Los diputados Martín Sabbatella, María José Lubertino, Elisa Carrió, Francisco de Narváez y Adrián Pérez, ya han expresado su apoyo a esta iniciativa.

El Espacio Matanza Riachuelo, integrado por Greenpeace. FARN, CELS, Fundación Metropolitana, ACDH, Fundación Ciudad, Asociación Vecinos de la Boca y Poder Ciudadano, promueve esta convocatoria para la firma del “Acta Compromiso del Bicentenario por el Saneamiento del Riachuelo” (1), y aspira a que los líderes políticos asuman el compromiso de avanzar en el saneamiento de la cuenca.

Las organizaciones sostienen que, a casi dos años de la histórica sentencia de la Corte Suprema, no existen avances significativos que se traduzcan en mejoras en el territorio y atribuyen la demora a la falta de compromiso político de las autoridades gubernamentales para implementar un sólido y eficaz plan de saneamiento que cumpla con el mandato del tribunal, cuyo objetivo es recomponer el ambiente y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Notas:

1 -Para leer el Acta Compromiso del Bicentenario por el Saneamiento del Riachuelo hacé click aquí.

Greenpeace no va a permitir que se ponga en riesgo la moratoria a la caza comercial de ballenas

Buenos Aires, Argentina — La organización mantiene una postura firme frente a la moratoria a la caza de ballenas.

La dureza de la posición de Greenpeace frente a la moratoria a la caza comercial de ballenas no ha disminuido. Greenpeace considera que la moratoria debe permanecer y que deben darse los pasos necesarios para que se termine la caza comercial que se produce a pesar de la moratoria, lo que incluye el programa de cacería de ballenas que Japón lleva adelante en el Santuario Ballenero Austral, mal llamado “caza científica”.

El trabajo de Greenpeace ha sido fundamental para lograr el establecimiento de la moratoria a la caza comercial de ballenas y la creación del Santuario Ballenero Austral en la Antártida.

Esta reunión de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) -en Agadir, Marruecos- presenta una oportunidad para que se termine todo tipo de caza comercial. Greenpeace demanda a los gobiernos que trabajen para conseguir un acuerdo que signifique una victoria para las ballenas, no para la agonizante industria de la cacería.

Desde hace años, Greenpeace trabaja en Argentina y en Latinoamérica para que los Gobiernos tengan una posición a favor de la conservación de ballenas y delfines en la CBI. Como resultado de este trabajo y del de muchas organizaciones logramos que, en la actualidad, los países de Latinoamérica junto a Australia, sean los más conservacionistas en la Comisión. Durante los días que dure esta reunión (desde el lunes 21 al viernes 25 de junio) un representante de Greenpeace Argentina mantendrá incansables reuniones con funcionarios de todos los países para asegurar que la postura de la región se mantenga firme y no ceda ni un centímetro frente a las pretensiones de Japón y los cazadores.

Cualquier acuerdo al que se llegue en Agadir debe contemplar el mantenimiento de la moratoria a la caza comercial y seis elementos fundamentales más:

* El fin de la caza de ballenas en las aguas de la Antártida.

* La prohibición al tráfico de carne y cualquier derivado de ballenas.

* La eliminación de la posibilidad de que se asignen cuotas de manera unilateral.

* La prohibición de la caza a cualquier especie en situación vulnerable o amenazada sin importar el fin.

* Cualquier límite que se fije de cacería debe estar basado en asesoramiento científico.

* Ningún miembro de la CBI puede emitir objeciones o reservas sobre lo decidido.

Hacé click aquí para descargar la Declaración de Apertura del bloque latinoamericano en la CBI