
Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace señaló que “más allá de la previsibilidad de estas demandas, resultan, al menos, arbitrarias ya que la ley nacional tiene preponderancia sobre la ley provincial, ese es el principio constitucional de las leyes de presupuestos mínimos.”
“La estrategia de alineación del gobierno catamarqueño con los sectores económicamente vinculados con la minería en San Juan, agrava aún más las sospechas y la pésima reputación que tienen tanto la corporación minera como los gobernadores que alientan acciones judiciales de este tipo”, concluyó Villalonga.
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