
En los últimos meses, el Juez Armella, responsable de la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó una serie de resoluciones con el fin de que la ACUMAR comience a instrumentar las actividades para cumplir con la orden judicial. A más de un año del histórico fallo de la Corte, y sin haber obtenido acciones en respuesta a las distintas intimaciones realizadas con anterioridad, el Dr. Armella resolvió dar lugar a una nueva intimación, que, en esta ocasión, establece por primera vez multas que van desde 5.000 pesos diarios y que afectan directamente el patrimonio personal de los funcionarios.
“La recomposición ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo puede significar un antes y un después en la historia ambiental en Argentina. En la Cuenca se puede ver con claridad el daño ambiental, social y humano, que se produce cuando los cursos de agua, arroyos y ríos son usados como cloacas a cielo abierto y vertederos para las industrias”, señaló Martín Prieto, Director Ejecutivo de Greenpeace Argentina.
Dentro de la resolución judicial figura la construcción del muro perimetral del futuro Polo Curtiembrero (ACuBA) en Lanús, que recae en el Secretario de Ambiente de la Nación y el reintegro de los $ 2.700.000 destinados a esa obra por parte el Intendente de dicho Partido.
“La intimación y las multas impuestas por el juez que entiende en la causa son una señal positiva para entender el saneamiento del Riachuelo como una medida irrevocable; pero por otro lado nos muestra la inoperancia y desidia de los funcionarios a cargo de ello”, concluyó Prieto.
El Polo, que ha sido postergado por más de diez años, permitirá concentrar a las curtiembres en un predio con una misma planta de tratamiento de cromo. Por otra parte, también se intimó a la limpieza de los márgenes de la feria “La Salada”, cuya ejecución está a cargo del intendente de Lomas de Zamora y del director de vialidad provincial.
Greenpeace ha denunciado en reiteradas ocasiones la inacción de los funcionarios públicos y considera que la decisión del juez es un paso importante para el efectivo cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y un mensaje para la ciudadanía, que refuerza y garantiza la puesta en marcha del saneamiento de la cuenca.
La organización ambientalista consideró que son muchos los temas que aún están pendientes, como el retraso en el control sobre todas las industrias que se asientan en la Cuenca y remarcó que éstas deberían ser las primeras medidas ejemplificadoras para lograr una solución definitiva a la contaminación de la cuenca.
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