Audiencia pública por desmontes en Salta

Ayer tuvo lugar la audiencia pública luego de que, en diciembre pasado, la Corte resolviera hacer lugar a la medida cautelar solicitada por dieciocho comunidades indígenas de Salta y ordenara al Gobierno de la provincia el cese provisional de los desmontes y la tala de bosques nativos autorizados durante el último trimestre de 2007 en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria.

Los representantes legales de las comunidades indígenas aseguraron que en la última década se perdieron 1,2 millón de hectáreas de bosques nativos, y denunciaron que de continuar el ritmo de tala ocurrido a fines del 2007, “en 15 años acabaríamos con todos los bosques de la provincia de Salta“.

El Fiscal del Estado de Salta, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Medio Ambiente de Salta, Julio Nasser, tuvieron que responder ante el magistrado en representación del Gobierno Provincial. Los jueces confirmaron que los estudios de impacto ambiental previos a los permisos de desmonte no tuvieron en cuenta a las comunidades y que las autorizaciones se multiplicaron en los meses previos a la sanción de la Ley de Bosques.

Según el diario Clarín, el juez Juan Carlos “Maqueda fue suspicaz al preguntarles a las autoridades salteñas: ‘¿No será que la ley salió recién cuando se otorgaron todos los permisos?’ y el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti objetó que la provincia aprobara su ley de ordenamiento territorial de bosques nativos antes de hacer el mapa respectivo inquiriendo: ‘¿No sería prudente suspender los desmontes hasta ver cuál es el impacto global? La Corte dicta una medida cautelar en función del principio precautorio y ustedes sostienen todo lo contrario”.

Casali Rey y Nasser no supieron justificar porqué en el último trimestre del 2007 el desmonte creció de la media anterior y alcanzó las 160.000 hectáreas y explicaron débilmente que “algunos pedidos (de deforestación), presentados en 2005 y 2006, se demoraron en su trámite por los controles que establecen las normas que rigen la provincia”. (Diario Página 12).

Por su parte, el Secretario de Ambiente Homero Bibiloni respondió por el gobierno nacional y negó que la tala de bosques haya sido un factor determinante para el alud producido en Tartagal. De acuerdo con Ámbito Financiero, cuando Maqueda interpeló al funcionario sobre el impacto de la deforestación en las inundaciones, Bibiloni aseveró: “Todo desmonte tiene algún impacto, pero en este caso entiendo que no, porque no hubo tala en la zona donde se generó el caudal de agua que provocó el alud”. También, el secretario explicó que los 14 meses de demora en la reglamentación de la Ley de Bosques se debieron a que “hubo observaciones de las provincias, porque había problemas técnicos que superar y porque faltaban ajustes en el tema financiero”.

Greenpeace, e instituciones como la Universidad Nacional de Salta, vienen denunciando desde el 2006 que la deforestación es una de las principales causas de las inundaciones en Tartagal, y diversos científicos respaldaron esta premisa en los últimos días.