Greenpeace celebra el compromiso asumido por Duracell

Buenos Aires, Argentina — La empresa Procter & Gamble S.A.,importadora de pilas y baterías Duracell, se hará responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad. Greenpeace celebró el compromiso asumido por la empresa pero ahora exige que Energizer Argentina S.A., entre otras importadoras, siga el ejemplo y participe de esta responsabilidad compartida.

Greenpeace celebró hoy el compromiso asumido por la empresa Procter & Gamble, importadora de pilas y baterías Duracell, de hacerse responsable de las 10 toneladas de pilas recolectadas y acopiadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado. Mediante una carta dirigida a la organización ambientalista, los representantes de Duracell manifestaron estar dispuestos a hacerse responsables con sus recursos y conocimientos para buscar una solución ambientalmente adecuada al problema. No obstante, Greenpeace exige ahora que la empresa Energizer SA, quien ocupa mayoritariamente el mercado argentino de pilas, se sume al compromiso y asuma esta responsabilidad colectiva.

Greenpeace había iniciado semanas atrás una campaña en vía pública y en Internet, destinada a exigir a las empresas importadoras de pilas y baterías que se responsabilicen de las 10 toneladas de pilas y baterías acopiadas por el Gobierno de la Ciudad y las exporten para su reciclado. La primera de las empresas a la que Greenpeace dirigió su reclamo fue Duracell.

“Es muy importante el compromiso asumido por Duracell porque demuestra que algunas marcas son concientes y responsables del destino de sus productos”, señaló Yanina Rullo de la campaña de residuos electrónicos de Greenpeace. “Pero es necesario que las demás compañías, como Energizer, se hagan responsables también de estas 10 toneladas de pilas”, agregó.

La Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (APRA), lanzó en 2008 una campaña de recolección de pilas y baterías en dos etapas. La primera, a cargo del Gobierno de la Ciudad, llamaba a los vecinos a desechar sus pilas primarias (comunes) en los Centros de Gestión y Participación Ciudadana (CGPC) para luego ser gestionadas por el propio Gobierno de la Ciudad. En la segunda etapa, y mediante la Resolución 262 de finales de 2008 la APRA convocó a las empresas importadoras de pilas recargables a hacerse cargo, mediante planes voluntarios, de la recolección diferenciada, transporte, acopio y tratamiento de las pilas recargables en todo el ámbito de la Ciudad.

El resultado de la primera etapa de campaña de la APRA fue la recolección de 10 toneladas de pilas primarias. El Gobierno de la Ciudad intentó en primera instancia destinar estas pilas a un relleno de seguridad en la provincia de Córdoba pero, por presión de los vecinos que rechazaron este envío, no pudieron disponerse allí. Luego, y conflicto político mediante, la APRA tampoco pudo enviar las pilas a rellenos de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Según Rullo, “desde Greenpeace cuestionamos en un principio el Programa de la APRA, porque consideramos que son las empresas importadoras las que deben encargarse de darle la mejor gestión y tratamiento a los residuos de sus propios productos”. “Resolver de manera correcta, es decir con las empresas involucradas el destino de estas 10 toneladas de pilas acopiadas, es un gran primer paso dado mientras esperamos que se sancione la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos que está siendo tratada en el Senado”, agregó.

Greenpeace impulsa a través de un proyecto de ley nacional de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – entre ellos pilas y baterías agotadas- el principio que establece la Responsabilidad Extendida del Productor para que la población, a través de sus impuestos, y los gobiernos locales dejen de ser los responsables de administrar la contaminación de los dispositivos eléctricos y electrónicos, y pasen a ser quienes colocan estos productos en el mercado los responsables de su recolección, acopio y tratamiento.

“Resolver el caso de las 10 toneladas de pilas recolectadas por la Ciudad es un paso muy importante que sienta un buen precedente. Pero debemos tener en cuenta que las pilas y baterías junto con el resto de los aparatos eléctricos y electrónicos se encuentran hoy en una zona gris con respecto a la legislación vigente en materia de residuos. Por un lado corresponden a los residuos domiciliarios porque surgen del flujo habitual de los residuos domésticos, pero por el otro cumplen con los criterios de residuos peligrosos, por sus componentes”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.

“Es necesario que, para este tipo de residuos, se establezca el principio de Responsabilidad Extendida del Productor, que amplía la responsabilidad legal y financiera de los fabricantes e importadores una vez finalizada la vida útil de estos artefactos”. La solución al problema de las 10 toneladas de pilas del Gobierno de la Ciudad es un primer paso, para dar una solución definitiva al problema en todo el país es necesario el urgente tratamiento de una ley nacional de residuos electrónicos”, concluyó Testa.

• Para leer la carta de Procter & Gamble a Greenpeace en la que asume su responsabilidad, hacé click aquí.

Greenpeace consideró un avance la multa impuesta a Bibiloni por no cumplir con la sentencia que obliga al Estado a sanear el Riachuelo.

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace destacó la decisión del Juez Luis Armella de multar a Homero Bibiloni, Presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con 4 mil pesos diarios por incumplir con los objetivos fijados en la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga al Estado a sanear el Riachuelo.

La multa que se aplicará a partir de este miércoles será de 1.000 pesos diarios por cada objetivo incumplido: la implementación de un sistema internacional de medición, la existencia de un mecanismo de información pública, las pautas fijadas sobre contaminación de origen industrial y el saneamiento de basurales.

Los ambientalistas destacaron que entre los considerandos tomados por el juez para la aplicación de multas, se encuentra la propuesta de establecer “metas progresivas y plazos concretos con el fin de llegar a cero vertido de sustancias peligrosas para el año 2020”, elevada oportunamente por el Cuerpo Colegiado de Control[1], que debería aplicarse para logar una real recomposición de la Cuenca Matanza Riachuelo.

“La aplicación de estas multas nos parece un paso decisivo para cortar con la desidia que existe en la gestión de la Cuenca, esperamos que esta nueva medida impulse a nuestras máximas autoridades gubernamentales, a tomar una real voluntad política para sanear de una vez por todas el Riachuelo” manifestó Martín Prieto Director Ejecutivo de Greenpeace.

Nota:

[1] El Cuerpo Colegiado es el organismo establecido para controlar la sentencia por disposición de la CSJN, coordinado por el Defensor del Pueblo de la Nación y conformado por 5 ONG - Asociación Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y Greenpeace

Dos barcos de Greenpeace inician la expedicion al Golfo de Mexico tras el derrame de petroleo

España — Dos barcos de Greenpeace, el Arctic Sunrise y el Esperanza, han iniciado una doble expedición de tres meses que les llevará a las principales zonas del planeta que se encuentran en peligro debido la extracción de petróleo en aguas profundas. El proyecto se enmarca dentro de la campaña que Greenpeace desarrolla para denunciar la dependencia de los combustibles fósiles, así como los riesgos derivados de seguir agotando las reservas petrolíferas, cada vez más inaccesibles.

El Arctic Sunrise navega por la zona de Florida Keys y Dry Tortugas, desde donde también se dirigirá al área en la que se hundió la plataforma petrolífera Deepwater Horizon. Durante los próximos tres meses el buque acogerá a diferentes equipos de expertos que harán una valoración de los daños causados por el vertido y los dispersantes químicos en los organismos vivos del golfo de México, desde el plancton de la superficie hasta los corales ubicados en las aguas más profundas.

El Esperanza, por su parte, ha zarpado desde Londres en una ruta que le llevará a algunos de los lugares del planeta que pueden correr la misma suerte que el golfo de México debido a la presencia de plataformas petrolíferas en aguas profundas o a las prospecciones que realizan empresas como BP, Exxon o Chevron.

Las áreas identificadas por Greenpeace en su expedición Vayamos más allá del petróleo (Go beyond oil, en inglés) –que aparecen en un mapa interactivo [1]– comprenden las costas de Brasil hasta México, así como el Ártico, Nigeria o Libia, donde se encuentran los mayores proyectos de extracción petrolífera en aguas profundas, aunque no son los únicos. Un ejemplo de ello son los dos nuevos pozos que Repsol pretende comenzar a operar frente al Parque Natural del Delta del Ebro, y que aún están pendientes de recibir la autorización.

Greenpeace entiende que la dependencia de los combustibles fósiles no solo representa un peligro para los ecosistemas marinos, por el elevado riesgo de estas actividades en aguas profundas, sino también una grave amenaza para el conjunto de la humanidad por la contribución de la quema de petróleo a la generación de cambio climático. En este sentido, la organización ecologista demanda una moratoria mundial de las actividades petrolíferas en aguas profundas y recuerda la necesidad de desviar las inversiones de las compañías petrolíferas hacia otro tipo de actividades más sostenibles ambientalmente y con mayor proyección de futuro como son las energías renovables.

“Seguir bombeando hasta la última gota de petróleo de la tierra no solo no tiene ningún sentido en un contexto de cambio climático sino que es altamente peligroso, como se ha puesto de manifiesto últimamente en los vertidos del golfo de México o de China. Debemos y podemos reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y apostar porque los nuevos proyectos se basen en las energías renovables”, ha declarado Aida Vila, responsable de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace.

Greenpeace recuerda que, según su escenario Revolución Energética, la era de los combustibles fósiles podría terminar en 2050, y ser sustituida por un nuevo sistema renovable que, además de proteger el clima, generaría empleo y crecimiento económico y aseguraría el suministro a millones de personas que hoy carecen de electricidad.

La evolución de los barcos de Greenpeace y las últimas noticias sobre el vertido pueden consultarse en nuestra página web: http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/contaminaci-n/100510-15 Nota: [1] http://www.greenpeace.org.uk/tenmostdangerous

Greenpeace celebró la media sanción de la ley de glaciares pero alertó que ahora la presión minera se trasladará al senado

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace celebró el paso dado en la Cámara de Diputados al aprobar esta tarde la Ley de Glaciares pero alertó sobre el riesgo de que la presión de los sectores mineros se traslade ahora al Senado, donde nuevamente intentarán bloquear la norma.

La aprobación alcanzada esta tarde en la Cámara baja se produjo luego de un masivo reclamo ciudadano que provocó que, en las últimas horas, los diputados recibieran más de 25 mil correos electrónicos y miles de llamados telefónicos, reclamándoles que dieran quórum y sesionaran hoy para debatir la Ley de Glaciares.

“A pesar de la importancia que tiene esta ley para nuestros glaciares, existe un fuerte boicot por parte de la totalidad del sector minero presente en Argentina; la reacción de la cámara de empresarios mineros es una prueba de esto”, señaló Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina y alertó que, superado con éxito el primer paso en Diputados, la presión se traslade ahora a la Cámara de Senadores.

Greenpeace considera que “luego del trabajo realizado por muchos diputados, senadores y organizaciones de todo el país, se ha llegado a un proyecto de ley que establece una mayor protección de los glaciares, ya que incorporó la propuesta que realizamos las organizaciones ambientalistas de suspender nuevos proyectos que puedan afectarlos mientras se realiza el inventario”.

La suspensión de habilitación a nuevos proyectos que puedan afectar glaciares mientras el IANIGLA realice el inventario fue realizada por Greenpeace, Amigos de la Tierra y el Taller Ecologista de Rosario, quienes enviaron a los legisladores un análisis (1) sobre el texto que surgió del acuerdo alcanzado el mes pasado en el que se sintetizó en un texto único el proyecto aprobado por el Senado y el proyecto de la Cámara de Diputados.

Nota:

(1) Para leer los comentarios y observaciones al texto acordado para modificar el dictamen del Proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial" hacé click aquí

• Para leer el texto de la "Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial" aprobado en la Cámara de Diputados, hacé click aquí

Greenpeace: Las empresas de pilas y baterías se negaron a hacerse cargo de la contaminación que generan

Buenos Aires, Argentina — La organización ambientalista Greenpeace denunció que las empresas Duracell, Energizer, Panasonic y Rayovac buscan escapar de la responsabilidad que tienen sobre la gestión de las pilas y baterías agotadas de sus marcas.

Greenpeace alertó que las empresas no solo se niegan a hacerse cargo de las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad sino que además intentan por todos los medios quedar fuera de la Ley de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que se debate en el Senado de la Nación.

Durante la Jornada Técnica sobre el proyecto de Ley de Gestión de RAEE desarrollada en el día de ayer en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, convocada por su presidente, Eduardo Torres y por el senador Daniel Filmus, autor del proyecto de ley, la representante de Duracell, Energizer, Rayovac y Panasonic, la abogada Susana Strunz pidió que las pilas y baterías no sean incluidas en la Ley que establece la recolección diferenciada y el reciclado de los aparatos eléctricos y electrónicos. (1)

“El papel desempeñado por los representantes de las empresas de pilas y baterías en la Jornada por la ley de RAEE es preocupante. Lejos de contribuir al proyecto de ley y brindar soluciones a la contaminación que los residuos de sus productos generan, pidieron ser excluidos de la norma que se debate en el Senado. Mientras esas mismas compañías cumplen la legislación vigente en los países desarrollados,-en línea con el proyecto de ley que se debate en el Congreso argentino- en el país solo esperan “zafar” de toda responsabilidad”, señaló M. Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.

Entre los argumentos brindados la representante de las compañías de pilas adujo que la mayoría de las pilas “contaminan poquito” y que en Europa las pilas y baterías se reciclan porque tienen poco lugar para enterrarlas. Asimismo, Strunz sugirió que si bien en los países centrales esas mismas compañías reciclan sus residuos, en Argentina no pueden hacerlo por la idiosincrasia del país.

“Los argumentos de las empresas de pilas para no hacerse cargo de sus pilas agotadas rozan lo ridículo”, agregó Testa, “Quedó demostrado que las empresas no gestionan sus pilas en nuestro país porque no tienen voluntad de hacerlo”.

La Jornada convocada por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación se desarrolló durante todo el día y contó con la exposición de senadores nacionales, cámaras empresariales, ONG, empresas de tratamiento y organizaciones de recuperadores de RAEE, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni. Además participaron funcionarios públicos, asesores y especialistas en la materia.

La presentación de Greenpeace contó además con la colaboración de Thomas Lindquist, profesor de la Universidad de Lund, Suecia, autor del principio de Responsabilidad Extendida del Productor, quien en 2008 realizó un estudio sobre la situación de los RAEE en el contexto latinoamericano y ha participado en el diseño de políticas y normativa ambiental en varios países.

La Jornada se inició con las presentaciones del Presidente de la Comisión el senador Eduardo Torres y el senador Daniel Filmus quienes remarcaron la necesidad de que la ley de RAEE sea votada antes de fin de año por la Cámara de Senadores.

Notas:

(1) Hace más de un año atrás, las empresas de pilas y baterías habían solicitado quedar excluidas de toda legislación a través de una carta enviada a la Comisión de Ambiente. Para leerla hacé click aquí.

Greenpeace denuncia boicot minero a la Ley de Glaciares y convoca a la gente a reclamar a los Diputados su sanción

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace lanzó este martes una campaña de reclamo a los Diputados para superar el boicot minero a la Ley de Glaciares.

Miles de personas envíaron su pedido por correo electrónico y se comunicaron por teléfono a los despachos de Federico Pinedo, jefe del bloque del PRO, y de Agustín Rossi, jefe de bloque del Frente para la Victoria, para exigirles que participen de la sesión del Congreso mañana, miércoles 11 de agosto, y voten afirmativamente por la ley de glaciares.

“A pesar de la importancia que tiene esta ley para nuestros glaciares, existe un fuerte boicot por parte de la totalidad del sector minero presente en Argentina; la reacción de la cámara de empresarios mineros es una prueba de esto”, señaló Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.

La sesión que se llevó a cabo el miércoles pasado, 4 de agosto, en la que se iba a debatir artículo por artículo el texto de la Ley de Glaciares, fue levantada por falta de quórum, ante la masiva ausencia del bloque del Frente para la Victoria y de los diputados del PRO.

“Luego del trabajo realizado por muchos diputados, senadores y organizaciones de todo el país, se ha llegado a un proyecto de ley que establece una mayor protección de los glaciares. Pero la ley está seriamente amenazada por la falta de voluntad de un número muy importante de diputados que bloqueó el tratamiento del proyecto en dos oportunidades”, concluyó Villalonga.

Greenpeace junto a Amigos de la Tierra y el Taller Ecologista de Rosario publicaron recientemente un análisis (1) sobre el texto que surgió del acuerdo alcanzado el mes pasado en el que se sintetizó en un texto único el proyecto aprobado por el Senado y el proyecto de la Cámara de Diputados.

Nota:

(1) Para leer los comentarios y observaciones al texto acordado para modificar el dictamen del Proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial" hacé click aquí

Las ONG ambientalistas repudiaron el fracaso de la sesión en Diputados por la Ley de Glaciares

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace, Amigos de la Tierra y el Taller Ecologista de Rosario dieron a conocer hoy su enérgico repudio al fracaso de la sesión en la que la Cámara de Diputados debía tratar en particular la Ley de Glaciares.

Para Greenpeace la actitud de los diputados fue “un acto de irresponsabilidad que demuestra el cinismo y la falsedad de los discursos ambientalistas en boca de muchos dirigentes políticos”, expresó Juan Carlos Villalonga, director de Campañas.

La masiva ausencia del bloque del Frente para la Victoria y de los diputados del PRO dejó sin quórum la sesión en la que debía continuar el tratamiento de la Ley de glaciares.

“La supuesta promesa de la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de que no vetaría la nueva ley que surgiera del Congreso Nacional mostró su hipocresía con la actitud del bloque oficialista”, agregó Villalonga. Por su parte, Elba Stancich, integrante del Taller Ecologista de Rosario también mostró su rechazo al fracaso de la sesión: “este es un nuevo y lamentable capítulo en el debate por la ley de glaciares”, declaró.

Las organizaciones mencionadas publicaron recientemente un análisis sobre el texto que surgió del acuerdo alcanzado el mes pasado en el que se sintetizó en un texto único el proyecto aprobado por el Senado y el proyecto de la Cámara de Diputados (1). “Se logró un texto que debe convertirse en ley sin más demoras”, expresaron los representantes de las ONG ambientalistas.

“Los 15 días solicitados por el Frente para la Victoria en la última sesión fueron una simple maniobra, tuvieron los 15 días y no quieren debatir la ley”, manifestó Roque Pedace, secretario de Amigos de la Tierra
Para las organizaciones ambientalistas, este retraso en el tratamiento de la ley mantiene la situación de riesgo en la que se encuentran los glaciares de todo el país.
Notas:

(1) Para leer los comentarios y observaciones al texto acordado para modificar el dictamen del Proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial" hacé click aquí.

- Para leer la síntesis de la posición y demandas de Greenpeace en torno a la protección de los glaciares y al freno de la minería de alto impacto, hacé click aquí.

El ordenamiento de bosques nativos votado por la legislatura cordobesa viola la ley nacional de bosques

Córdoba, Argentina — La organización ambientalista Greenpeace criticó duramente la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos aprobada anoche en la legislatura cordobesa y remarcó que ante la situación de emergencia forestal que se registra en la provincia constituye una enorme irresponsabilidad.

Greenpeace denunció que la norma aprobada viola la Ley nacional 26.331 y pone en peligro los últimos bosques nativos que le quedan a la provincia.

Los ambientalistas señalaron al gobernador Juan Schiaretti y a los legisladores que apoyaron los cambios en el proyecto original elaborado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN) como los responsables del atropello a la Ley nacional de Bosques Nativos y de privilegiar intereses de sectores económicos por encima del bienestar de la población en general.

“El proyecto aprobado por la legislatura cordobesa viola directamente la Ley nacional de Bosques Nativos, incluye en el área roja, destinada a la conservación, la posibilidad de realizar actividades productivas, lo cual está claramente prohibido por la ley nacional 26.331. Por otro lado, se reduce la superficie a proteger, ya que se modifica la definición de bosque nativo para poder destruir prácticamente todo lo que las topadoras o el fuego intencional tenga a su paso”, señaló M. Eugenia Testa, Directora política de Greenpeace.

La ley aprobada reduce a menos de la mitad las zonas a proteger, en comparación con el proyecto elaborado y presentado por la COTBN, e incluye la posibilidad de realizar actividades que impactan en el medioambiente dentro de las zonas de mayor protección según la ley nacional. Por otro lado, desestima la participación de la sociedad en los procesos de control ya que anula la creación del Cuerpo Voluntario de Guardianes de Bosques Nativos y no obliga a la Autoridad de Aplicación a convocar a Audiencia Pública en caso de solicitud de desmonte.

Greenpeace apoya al proyecto realizado y presentado por la COTBN para dar cumplimiento a la Ley 26.331 de protección de Bosques Nativos, en la que se establece que el proceso de ordenamiento territorial de las zonas boscosas debe realizarse a partir de la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, y que el mismo debe ser participativo. Para cumplir con esto, la COTBN ha realizado un análisis pormenorizado de los criterios y ha garantizado la participación mediante talleres regionales y una audiencia pública con casi mil asistentes.

“El Ordenamiento Territorial que aprobó la legislatura cordobesa no solo desconoce lo establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos, sino que además hace oídos sordos a los reclamos y propuestas de los ciudadanos cordobeses que participaron activamente durante dos años de una comisión participativa, tal como lo establece la ley”, agregó Testa.

Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas); y tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).

“El proyecto aprobado reduce drásticamente las zonas a conservar y destinadas al desarrollo sustentable en favor de actividades económicas en una provincia que ya ha destruido prácticamente todos sus bosques nativos”, señaló Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace.

-Para leer las Observaciones a la Ley de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Córdoba hacé click aquí.

Greenpeace: “Insistir con la gasificación atraerá a más empresas vendedoras de humo”

Córdoba, Argentina — La organización ambientalista celebró la caída del proyecto de la empresa norteamericana Innviron de la licitación por el tratamiento de residuos de la ciudad de Córdoba. No obstante alertó que insistir con la misma tecnología es elegir nuevamente un camino erróneo.

Greenpeace celebró que la Municipalidad de la ciudad de Córdoba haya dado por fracasada la licitación para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos que había sido preadjudicada a la empresa estadounidense Innviron. Tal como lo había adelantado Greenpeace, la firma no contaba en ningún país con una tecnología similar a la propuesta en Córdoba. Sin embargo para la organización ambientalista, la insistencia del municipio en la instalación de plantas de gasificación atraerá a nuevas empresas vendedoras de “humo”.

Ante el viaje del intendente cordobés, Daniel Giacomino, a Estados Unidos junto a directivos de la compañía, Greenpeace advirtió que la tecnología propuesta por Innviron no ha sido probada y que en Estados Unidos no hay plantas de gasificación, pirólisis o plasma que traten residuos domiciliarios a esa escala tal como sostenía la empresa.

Desde la preadjudicación a Innviron del tratamiento de residuos en la capital cordobesa, la organización ambientalista ha venido señalando la escasa experiencia internacional en el tratamiento de residuos en plantas de gasificación o pirólisis como las proyectadas en Córdoba y ha resaltado que los pocos ejemplos a nivel mundial del uso de esta tecnología han fracasado en sus promesas de brindar una solución sustentable para los residuos sólidos urbanos (1).

“La caída de Innviron sería una buena noticia si el gobierno municipal no insistiera nuevamente en la gasificación o incineración con cualquiera de sus disfraces. La gasificación, además de no ser una tecnología probada para el tratamiento de residuos sólidos urbanos a gran escala, es cara y riesgosa”, señaló Lorena Pujó, integrante de la campaña contra la Contaminación de Greenpeace. Y agregó: “El nuevo pliego de licitación que proyecta la Municipalidad debe excluir opciones contaminantes como la incineración y debe proponer medidas para profundizar los programas de recuperación y reciclaje que se implementan en Córdoba”.

La semana pasada Greenpeace alertó que el viaje del intendente cordobés a Estados Unidos acompañado de directivos de la empresa tenía como objetivo confirmar que su plan para gestionar residuos urbanos es la incineración.

La instalación de plantas similares a la que se prevé para Córdoba fue rechazada en países como Estados Unidos, Canadá y Alemania por falta de evidencias que demuestren las ventajas de estos sistemas. Además, como ejemplos recientes, en los últimos meses dejaron de funcionar plantas piloto en Canadá y el Reino Unido, ya que se comprobó que estaban emitiendo sustancias tóxicas como dioxinas y furanos que afectan a la salud.

“En distintos países existen varios proyectos en estudio, plantas piloto y una intensa campaña por parte de las empresas del sector a favor de este tipo de instalaciones, pero la mayor parte de los datos disponibles sobre las ventajas ha sido muy difícil de comprobar”, explicó Pujó. “La mayoría de las plantas de incineración con recuperación de energía ubicadas por ejemplo, en Europa, son plantas convencionales, con los perjuicios al ambiente y la salud conocidos”.

Entre las supuestas ventajas de este tipo de tratamiento, se encontrarían la reducción de las emisiones de sustancias tóxicas, el aumento de la eficiencia energética que contribuye a reducir los gases de efecto invernadero, la reducción de costos, los índices de reciclado más altos y el impacto visual reducido. “Hasta el momento, nada de esto ha sido comprobado en la realidad, más allá de las promociones de las empresas”, aclaró Pujó.

Muchas de estas plantas que trataban residuos sólidos urbanos no lograron superar la etapa de prueba debido a numerosos problemas operativos como explosiones, interrupciones de los sistemas; filtración de gases, corrosión y agrietamientos. A esto se sumó que las emisiones de sustancias tóxicas estaban por encima de los compromisos de las empresas o de los niveles permitidos por la legislación; la eficiencia energética era baja, los costos eran altos y había un fuerte rechazo por parte de las comunidades.

En Argentina, diversos proyectos de incineración convencional fueron frenados debido a que los estudios confirmaron que este proceso emite sustancias tóxicas persistentes al ambiente que afectan la salud; tiene baja eficiencia en términos de recuperación de energía, libera gases de efecto invernadero y compite con los programas de reciclaje y reducción en la generación de desechos.

Para Greenpeace, la solución adecuada en términos sociales, ambientales y económicos, es la formulación de políticas y la implementación de programas de Basura Cero, que apuntan a lograr la reducción y el reciclado de residuos. A esto se debe sumar la sanción de leyes que contemplen el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que determina la responsabilidad de los fabricantes e importadores de diversos productos en todas las etapas de producción hasta el final de su vida útil, impulsa mejores diseños y el reciclado.

Nota:

(1) Existen diferentes tipos de plantas de gasificación, en todos los casos, el producto final es un gas de síntesis que variará su composición según el insumo que ingrese en el proceso. Algunas plantas tratan carbón o residuos del petróleo. Definitivamente, la energía que se obtiene de estos insumos no puede llamarse ni renovable ni limpia, ya que proviene de hidrocarburos. También hay plantas que gasifican residuos agroforestales, hecho que plantearía expectativas interesantes. Por último, existen muy pocas plantas que realizan la gasificación del material heterogéneo que componen los RSU. En este último caso hay más incógnitas que certezas en cuanto a su viabilidad técnica y ambiental.