Ecologistas e industria forestal firman en Canadá un acuerdo histórico para proteger los bosques

España - Greenpeace celebra el acuerdo sin precedentes presentado hoy en Toronto, Canadá, por 21 miembros de la Asociación de Productores Forestales de Canadá (FPAC, Forest Products Association of Canada) [1], y nueve grandes organizaciones ambientales, entre las que se encuentra Greenpeace [2]. El Acuerdo del Bosque Boreal se aplicará sobre 72 millones de hectáreas de bosques públicos bajo concesión de los integrantes del FPAC.

Por este pacto, los miembros del FPAC, que ya gestionan dos terceras partes de toda la superficie certificada de Canadá, se comprometen a aplicar los estándares ambientales más altos en su gestión forestal de este área, equivalente a dos veces el tamaño de Alemania o una y media el de España.

Por el acuerdo también se suspenderá la tala de cerca de 29 millones de hectáreas de bosques boreales donde se desarrollarán planes de conservación para especies como el amenazado Caribú. Mientras el acuerdo esté en vigor, organizaciones como Canopy, ForestEthics y Greenpeace suspenderán las campañas de boicot a los productos forestales y sus empresas que venían desarrollando.

“Los empresas de FPAC y las ONG hemos dejado de lado viejos prejuicios. Juntos hemos encontrado una manera más inteligente de gestionar los cambios económicos y ambientales en los bosques boreales que permitirá tranquilizar a los mercados sobre la bondad ambiental de nuestros productos forestales. Es gratificante ver cómo se ha transformado la industria en una década y cómo ha evolucionado hacia la sostenibilidad”, ha declarado Avrim Lazar, presidente de FPAC.

“Esta es nuestra mejor oportunidad para salvar los bosques de caribú y poner en práctica modelos de gestión forestal responsables”, ha afirmado Richard Brooks, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Canadá. “Las preocupaciones de los ciudadanos y los consumidores sobre la conservación de la naturaleza y la pérdida de especies han sido claves para llegar a este acuerdo. Ahora nos queda mucho de trabajo por delante para que sea un éxito, y nosotros estamos comprometidos para que esto ocurra”.

El acuerdo también incluye aspectos como:

• El desarrollo e implementación de una gestión forestal líder a nivel mundial

• La realización de propuestas comunes para redes de áreas protegidas y la recuperación de especies amenazadas

• La gestión forestal completa de los almacenes de carbono

• El apoyo al desarrollo de las comunidades dependientes de los bosques así como el reconocimiento de los logros de conservación que se alcancen

Las organizaciones ecologistas firmantes, FPAC, y las federaciones empresariales han comenzado ya las reuniones con los gobiernos provinciales, el movimiento aborigen First Nation y las comunidades locales de todo el país en busca de su implicación en los objetivos del acuerdo. El acuerdo reconoce que los pueblos aborígenes han protegido constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas debiendo ser respetados y establecer un compromiso para que se puedan cumplir los objetivos del acuerdo.

Notas:

[1] Empresas forestales participantes en el Acuerdo:

AbitibiBowater, Alberta Pacific Forest Industries, AV Group, Canfor, Cariboo Pulp & Paper Company, Cascades Inc., DMI, F.F. Soucy, Inc., Howe Sound Pulp and Paper, Kruger Inc., LP Canada, Mercer International, Mill & Timber Products Ltd, NewPage Port Hawkesbury Ltd, Paper Masson Ltee, SFK Pulp, Tembec Inc., Tolko Industries, West Fraser Timber Co. Ltd, Weyerhauser Compnay Limited−todas representadas por la Asociación de Productores Forestales de Canadá.

[2] Organizaciones ecologistas participantes en el Acuerdo:

Canadian Boreal Initiative, Canadian Parks and Wilderness Society, Canopy (anterior iniciativa de los mercados), the David Suzuki Foundation, ForestEthics, Greenpeace, Ivey Foundation, The Nature Conservancy, y the Pew Environment Group’s International Boreal Conservation Campaign.

Greenpeace reclamó a la legislatura de Córdoba que apruebe en forma urgente y sin cambios la Ley de Bosques

Córdoba, Argentina — La organización ambientalista reclamó a la legislatura de Córdoba que apruebe el proyecto de ley realizado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN).

Mediante una carta enviada a los legisladores provinciales, Greenpeace advirtió que “teniendo en cuenta la dramática situación de los bosques de la provincia, consideramos que no puede haber más demora en el tratamiento de la norma.” (1)

La organización ambientalista destacó lo realizado por la COTBN para dar cumplimiento a la Ley 26.331 de protección de Bosques Nativos, en la que se establece que el proceso de ordenamiento territorial de las zonas boscosas debe realizarse a partir de la evaluación de diez criterios ambientales, económicos y sociales, y que el mismo debe ser participativo. Para cumplir con esto, la COTBN ha realizado un análisis pormenorizado de los criterios y ha garantizado la participación mediante talleres regionales y una audiencia pública con alrededor de mil asistentes.

“La provincia de Córdoba se encuentra en emergencia forestal principalmente a causa de los desmontes para la producción agropecuaria y los incendios (muchos de ellos intencionales)”, señala la carta enviada por Greenpeace la legislatura. “Es por ello que resulta necesario que Córdoba adopte una política firme en defensa de sus últimos bosques, y el primer paso es que la Legislatura sancione de manera urgente la Ley de Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos”.

Córdoba posee una superficie total de 16 millones de hectáreas, de las cuales el 70 por ciento (12 millones de hectáreas) eran de bosque nativo, mientras que en la actualidad sólo queda el 5 por ciento de la superficie original (unas 600.000 hectáreas); y tiene la tasa de deforestación más alta del país (-2,93% anual durante el período 1998-2002), y la misma resulta doce veces superior a la media mundial (-0,23% para 1999-2000).

Greenpeace señaló además que, a partir de la sanción por ley del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, la provincia estaría en condiciones de recibir el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, a distribuirse entre las provincias que también así lo hicieran, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y de control, compensar a los titulares que realicen tareas de conservación y manejo sostenible, y fomentar las actividades productivas que los pequeños productores rurales y comunidades indígenas realizan en los bosques.

Notas:

(1) Leé la Carta de Greenpeace a la Legislatura de Córdoba haciendo click aquí.

Un final dulce en la campaña Kit-Kat. Usted pregunta, Nestlé respondio..

Internacional-España: Greenpeace felicita a Nestlé, la mayor empresa mundial del sector de la alimentación, tras anunciar esta mañana en Singapur que dejará de utilizar materias primas que procedan de la destrucción de los bosques tropicales. La decisión se produce dos meses después del comienzo de una campaña de la organización ecologista que denunciaba la utilización de aceite de palma procedente de la deforestación en Indonesia para fabricar productos como la chocolatina KitKat.

“Estamos contentos con la decisión de Nestlé de dar un respiro a las selvas de Indonesia y llamamos a otros grandes consumidores de aceite de palma como Carrefour y Wal-mart a seguir este ejemplo”,- ha declarado Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques y Clima de Greenpeace España.

Desde el comienzo de la campaña de Greenpeace, cientos de miles de ciudadanos han comunicado a Nestlé a travez de Facebook, Twitter y otros medios de comunicacion masiva diciendo que no quieren consumir productos relacionados con la destrucción de los bosques. La expansión de las plantaciones de palma aceitera y acacias para fabricar pasta de papel es la principal causa de destrucción de las selvas y turberas de Indonesia, hábitat de numerosas especies amenazadas como el orangután.

Nestlé se compromete a identificar y excluir de su cadena de suministro a aquellas empresas propietarias o gestoras de “plantaciones de alto riesgo y explotaciones implicadas con la deforestación”. Esta exclusión se aplicaría a empresas como Sinar Mas –la mayor productora de aceite de palma y papel de Indonesia, si no cumplen con los criterios incluidos en la nueva política de Nestlé. También es aplicable a las relaciones de Nestlé con grandes distribuidores de aceite de palma, como Cargill, que continúa abasteciéndose de Sinar Mas.

“Nestlé envía un claro mensaje a los productores de aceite de palma y de papel como Sinar Mas: el mercado internacional no quiere tener nada que ver con la destrucción de los bosques. Es necesario que dejen de deforestar y que se imponga una moratoria a la expansión de plantaciones a costa de la destrucción de las selvas y las turberas”, ha añadido Soto.- “Greenpeace seguirá de cerca que el compromiso de Nestlé se lleve a cabo”.

El incremento de la demanda internacional de aceite de palma y papel está detrás de la expansión de las plantaciones de Sinar Mas. Por este motivo, Indonesia tiene una de las mayores tasas de deforestación mundial y es el tercer país emisor de gases de efecto invernadero, después de China y Estados Unidos. El aceite de palma es utilizado como ingrediente en una amplia gama de productos de uso cotidiano, como el chocolate, la pasta de dientes, los cosméticos y, también, de los mal llamados “biocombustibles”.

El anuncio hecho hoy se suma al que hiciera la semana pasada la empresa española Abengoa, líder en el sector de las energías renovables, que hizo público su rechazó al aceite de palma de Sinar Mas para la producción de biodiesel. “Greenpeace confía en que empresas como Acciona e Infinita Renovables hagan lo propio en breve”, ha manifestado Soto.

Desde Indonesia, Bustar Maitar, de la campaña de Bosques de Greenpeace en el sureste asiático, ha pedido al gobierno de aquél país que frene urgentemente la deforestación y proteja las selvas y las turberas que constituyen enormes almacenes de carbono. “Para mantener la reputación del sector papelero y del aceite de palma, es necesario establecer una moratoria que suspenda la expansión de las plantaciones en zonas de selva y bosques de turbera. Greenpeace seguirá trabajando para hacer ver al Gobierno indonesio y a las industrias del aceite de palma y el papel que están siendo responsables de la destrucción de la biodiversidad y el agravamiento del cambio climático”, ha apuntado Bustar Maitar.

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Greenpeace denuncia graves errores y omisiones en el estudio presentado por la Municipalidad de Río Turbio

Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina — Greenpeace dio a conocer esta semana la evaluación del informe “Evaluación del Proyecto de la Central Térmica Río Turbio” presentado hace un mes atrás por la Municipalidad de Río Turbio y producido por la organización Green Cross Argentina.“Encontramos graves errores, ausencia de información y conclusiones que son verdaderamente alarmantes” explicaron desde la organización ambientalista. “Lo verdaderamente grave no es el informe, sino la irresponsabilidad y las mentiras dichas por diversos funcionarios que emitieron opiniones sin haber leído lo que tenían en sus manos”.

El 8 de abril pasado, la organización Green Cross junto al intendente de Río Turbio, Martín Adolfo y el jefe de Gabinete de la Provincia de Santa Cruz, Pablo González, presentaron un informe que destaca la “razonabilidad” de desarrollar el proyecto de la Central Térmica de Río Turbio (CTRT). “En primer lugar, dicho informe no es un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) de la usina, ni tampoco es una evaluación del estudio previamente presentado por la empresa española Isolux Corsán”, señaló Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina. “Se trata de una descripción de algunos aspectos parciales del proyecto y nada tiene que ver con la manera en que fue presentado ante la sociedad por los funcionarios. Es una mentira decir que se ha hecho una evaluación del impacto ambiental de la obra”.

Según el informe presentado por Greenpeace, el estudio promovido por el Intendente Adolfo “comete una grave omisión al considerar inexistentes las emisiones a la atmósfera de óxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) y de otros compuestos” señalando que no existe una planta de carbón en la que pueda asumirse semejante hipótesis, esto es más grave si se tiene en cuenta que el propio EIA de Isolux reconoce la existencia de estas emisiones.

“Esta omisión es grave, subestimar estas emisiones por parte de Green Cross es algo realmente insólito” explicó Villalonga. “Lo más extraño es que luego, en otro capítulo del informe, dichas emisiones aparecen mencionadas, es decir existen incoherencias internas en el propio documento”.

En lo referido al análisis del posible impacto ambiental de las cenizas, el estudio de Green Cross reconoce que no existen posibilidades de darles algún uso, razón por la cual sostiene la necesidad de ubicarlas en un relleno. Sin embargo, de los dos sitios analizados para alojar las cenizas, uno resulta no ser apto y del otro sitio analizado, Green Cross reconoce que no se disponen de datos para evaluarlo. “No existe destino cierto y seguro para las 650.000 toneladas de cenizas que se generarán cada año por la CTRT, ésa es una conclusión del informe de Green Cross”, agregó Villalonga.

Otra de las conclusiones es que las evaluaciones respecto de la dispersión de las emisiones atmosféricas y su línea de base no tienen suficiente rigurosidad en sus datos de origen. “Eso tampoco fue dicho por las autoridades y está indicando la invalidez de las estimaciones de los impactos de las emisiones atmosféricas que se han hecho”, señaló el vocero de Greenpeace.

Greenpeace pone especial énfasis en la evaluación de la obra en lo relativo a emisiones de gases que afectan al clima. “La “razonabilidad” de la CTRT que sostiene Green Cross está basada en ignorar las necesarias medidas de mitigación que deben adoptarse frente al cambio climático” explica en su informe Greenpeace. “Dicha razonabilidad está basada en adoptar un escenario energético que es meramente una tendencia de mercado y que nos conduce a una catástrofe climática”, agregó Villalonga.

Otro grave error en cuanto a las emisiones de la CTRT es que las mismas son comparadas con un valor falso de las emisiones de la generación eléctrica en Argentina. Greenpeace puntualiza que “para la justificación del proyecto se adopta un valor equivocado de las emisiones del sector eléctrico térmico. El promedio de emisión de las plantas térmicas es de 600 Gg/TWh y no 926 Gg/TWh como supone Green Cross”. El verdadero promedio de emisiones del sector térmico está muy por debajo de los más de 900 Gg/TWh de la CTRT. Por el contrario, lejos de ser despreciables las emisiones de la CTRT, las mismas representan un aumento del 6,2% en las emisiones del sector eléctrico nacional. El promedio de emisiones del sector eléctrico es de 354 Gg/TWh, menos de la mitad de las emisiones de la CTRT. “Contrariamente a lo que afirma el informe de Green Cross, la planta de Río Turbio generará emisiones muy por encima del promedio de las plantas que se están incorporando al parque eléctrico en la Argentina”.

“El informe de Green Cross comete serios errores, graves omisiones y en aquellos aspectos en los que evalúa la información ambiental disponible, no concluye con datos satisfactorios. Esto muestra que quienes salieron apresurados a hablar favorablemente de este informe y del “aval” que el mismo representaba para la CTRT, no lo han leído o decidieron ocultar sus errores y algunas de sus conclusiones” finalizó Villalonga.

Descargá el informe "Central Térmica a Carbón en Río Turbio. Informe Green Cross: Errores y Omisiones" haciendo click aquí.

Greenpeace: no existen alternativas “verdes” de incineración de residuos urbanos

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace expresó esta semana, a través de una carta (1) que hizo llegar a funcionarios de la Intendencia de Río Cuarto y a integrantes del Concejo Deliberante de esa ciudad, su preocupación por el proyecto de tratamiento de residuos sólidos urbanos por el método de gasificación propuesto por la empresa Innviron Corporation.

En el texto, la organización ambientalista recordó que internacionalmente se reconoce que las plantas de incineración, incluidas las plantas de gasificación como la que utilizaría Innviron en Río Cuarto, emiten sustancias tóxicas persistentes al ambiente que afectan la salud; tienen baja eficiencia en términos de recuperación de energía y emiten Gases de Efecto Invernadero (GEI); compiten con los programas de reciclaje y de reducción en la generación de desechos y producen gastos desproporcionados e injustificados a las ciudades o municipios.

Aunque se presenta a las incineradoras como fuentes de energía verde, no suele mencionarse que son importantes emisoras de gases de efecto invernadero y un problema para el calentamiento global. La eficiencia energética de las incineradoras es baja y deben emplear, en su funcionamiento, combustibles auxiliares como el gas natural, gasoil o aceites desclasificados. De hecho, en término de emisiones de CO2 por
kilovatio hora generado, emiten más que una planta térmica de gas o carbón.

La solución adecuada, en términos sociales, ambientales y económicos, es la formulación de políticas e implementación de programas de minimización y reciclado de residuos (Basura Cero) y la sanción a nivel nacional de leyes que contemplen el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para ampliar el alcance de la responsabilidad de los fabricantes e importadores desde la producción hasta el final de la vida útil de los productos.

(1) Descargá el texto completo de la carta haciendo click aquí

Riachuelo: En el mes del Bicentenario Greenpeace inaugura monumento al Triunvirato de la Contaminación

Buenos Aires, Argentina — Para identificar y enfatizar quiénes son los máximos responsables del descontrol ambiental existente en el Riachuelo, Greenpeace inauguró, en el barrio porteño de La Boca, el monumento al "Triunvirato de la Contaminación", integrado por la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

La actividad, que remarcó en tono paródico la contradicción entre los festejos por el Bicentenario y los 200 años que acompañan la historia de una de las más graves emergencias ambientales de la Argentina, estuvo acompañada por un acto del que participaron activistas caracterizados como una banda militar, escolares, vecinos y turistas, que se congregaron en la tradicional esquina de Pedro de Mendoza y Caminito, en la Vuelta de Rocha del barrio porteño de La Boca.

En este contexto, la organización ambientalista denunció que 200 años después de la instalación de las primeras industrias contaminantes a la vera del Riachuelo, y a 22 meses de la histórica sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó a los tres Estados (nacional, provincial y Ciudad de Buenos Aires) a sanear el Riachuelo, no existen avances significativos que se traduzcan en mejoras en el territorio.

Para demostrar la situación de descontrol, la organización presentó un informe titulado “Riachuelo: 200 años de contaminación” (1) donde se hace un recorrido histórico sobre el bicentenario de la contaminación, y se ponen en evidencia sitios puntuales con altos niveles de contaminación, donde es imprescindible que la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) comience a actuar.

La organización afirmó que, si bien no es una novedad que existan descargas que están aportando sustancias tóxicas a la Cuenca, sí es novedoso que una vez identificados los sitios de mayores concentraciones contaminantes, la ACUMAR no actúe en consecuencia. Entre las sustancias relevadas en el informe, existen sitios donde se vierten metales pesados, como es el caso del mercurio que supera hasta 30 veces los niveles encontrados naturalmente en sedimentos de ríos no contaminados.

“Nos preocupa que a la fecha ACUMAR haya inspeccionado aproximadamente un 40% de su padrón, y sólo haya declarado como industrias contaminantes, las que deben reconvertir su proceso productivo, a tan solo a un 3%, número que no condice con los altos niveles de contaminación”, declaró Consuelo Bilbao de la Unidad Política de Greenpeace.

Además, el informe de la organización indica que el número de industrias instaladas en la Cuenca, seria ampliamente mayor que las 4.103 registradas por ACUMAR, ya que de acuerdo a otras fuentes de información(2) superarían los 12.000 establecimientos.

"Es alarmante que todavía, a tres años de creada la ACUMAR, no tengamos un diagnostico del total de industrias existentes, ni de las emisiones contaminantes que realizan a la Cuenca, esta información es clave para la implementación de un plan de reducción de la contaminación", dijo Félix Cariboni, integrante de la campaña de Riachuelo de Greenpeace.

Además, los ambientalistas señalan con preocupación que el plan de saneamiento que esta ejecutando ACUMAR carece de bases ambientales sólidas, ya que los parámetros establecidos para la calidad de agua -los cuales definen las condiciones futuras del Riachuelo- no contemplan restricciones a sustancias peligrosas, por lo cual si se mantienen estos parámetros no será posible una recomposición ambiental ni siquiera a largo plazo.

La organización ambientalista reclama de manera urgente la implementación de un registro de emisiones contaminantes que contenga los datos de todas las industrias de la Cuenca, como herramienta para la definición de una línea de base que permita establecer metas progresivas concretas de reducción de la contaminación.

“Estamos reclamando en el Bicentenario de la Patria que exista una verdadera voluntad política por parte de nuestros gobernantes, para cumplir con la sentencia de la Corte y ejecutar un plan de saneamiento que apunte a terminar de una vez por todas con la contaminación industrial; esto debe traducirse en lo que llamamos un Plan de Vertido Cero, cuyo objetivo es la prohibición para el 2020 de cualquier tipo de vuelco de sustancias tóxicas al Riachuelo”, concluyó Bilbao.

• (1) Descargá el informe "Riachuelo: 200 años de Contaminación", hacé click aquí.

• (2) El CENSO Económico del 2005, releva más de 12.000 establecimientos industriales en las comunas que pertenecen a la Cuenca.

BP "maquilla" el derrame en el Golfo de México

D.F., México- Una gran cantidad del petróleo derramado en el Golfo de México no saldrá a flote debido a que la empresa British Petroleum (BP) está usando dispersantes que sumergirán el crudo aumentando la toxicidad en las aguas marinas de la región impactada.

Esta es una técnica de maquillaje verde para ocultar la magnitud del daño que está dejando a su paso el vertido de miles de barriles de petróleo que diariamente emanan del fondo marino, donde está la fuga que se abrió tras la explosión de la planta Deepwater Horizon, propiedad de BP (British Petroleum).

En la zona, expertos de Greenpeace Estados Unidos y el Dr. Rick Steiner, experto en conservación marina de la Universidad de Alask, están documentando los impactos ambientales que está generando el vertido de petróleo en la superficie marina.

El Dr. Steiner conoce los daños provocados por desastres petroleros como el del Exxon Valdez, en Alaska en 1989. De acuerdo a lo ocurrido, ahora en el Golfo de México, el petróleo se está mezclando con el agua de mar, y por ello, lo que se alcanza a ver desde la costa o en sobrevuelos es sólo una parte del desastre, el resto sigue sumergido.

En estos momentos, la empresa British Petroleum está utilizando un dispersante conocido como Codexit, en la fuente del derrame, para evitar que el petróelo salga a la superficie. El especialista explica que esto añade más toxicidad a la zona, ya de por sí contaminada, lo que provocará más daños para la vida marina. Utilizar el dispersante representa ahorros económicos para BP, que podrá contratar menos barcos pesqueros -a $1,500 dólares el día- para recoger el petróleo.

Cuando no se usan dispersantes, el petroleo alcanza la orilla y mata también a las aves; cuando es usado, se queda en el agua y mata a los peces. Es importante tener en cuenta que matar a los peces significa eventualmente matar a las aves debido a que se contamina toda la cadena alimenticia.

Otra de las estrategias de BP es contratar a los pescadores locales para que ayuden en las tareas de limpieza, pero en el contratro colocan una cláusula “mordaza” donde les exigen no hablar con los medios de comunicación.

Los objetivos de BP son:

1. Minimizar la cantidad de petróleo derramado y el daño medioambiental ocurrido.

2. Exagerar la efectividad de la respuesta de la compañía petrolera (o más exacto, el “teatro de respuesta” de la compañía petrolera).

3. Aprovechar la necesidad de recursos económicos de los pescadores locales pagándoles una cantidad mínima de dinero a cambio de obtener documentos que los comprometan a no demandar posteriormente a BP.

4. Poner a la mayor cantidad posible de personas bajo órdenes mordaza.

Greenpeace está alertando a los residentes locales de Louisiana sobre lo que representó el daño ambiental por el derrame del Exxon Valdez, que tomó más de 20 años de batallas legales para que Exxon empezara a pagar por daños a las personas de Prince William Sound, y que el arreglo final fue de sólo una décima parte de la compensación original. La intención es que esta experiencia no se repita para los afectados por este derrame en el Golfo de México.

Greenpeace: productores e importadores deben hacerse cargo de las pilas

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace reclamó que los productores e importadores sean responsables por la gestión final de todas las pilas y baterías una vez terminada su vida útil. La organización ambientalista demanda el urgente tratamiento del proyecto de ley de basura electrónica que se encuentra en el Senado de la Nación.

La organización ambientalista Greenpeace declaró que son los productores e importadores quienes deben ser responsables de la gestión de las pilas y baterías descartadas. Greenpeace exigió además el tratamiento del proyecto de ley de basura electrónica que se encuentra demorado en el Senado, que dispone la Responsabilidad Extendida del Productor.

Las pilas forman parte de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, cuya metodología de gestión se establece en el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos presentado en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado nacional. El proyecto establece la ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los productores -aquellos que colocan productos en el mercado- a la etapa de post consumo, particularmente respecto de la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los residuos que derivan de sus propios productos.

“El proyecto de ley de basura electrónica fue presentado dos veces, la primera en 2008, pero por falta de tratamiento perdió estado parlamentario; hace unas semanas el proyecto fue presentado nuevamente. Es muy importante que los senadores comprendan la urgencia en la solución de este problema creciente. Las 10 toneladas de pilas recolectadas por el Gobierno de la Ciudad que aún hoy tienen destino incierto son una muestra de ello”, señaló María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace.

El proyecto de ley establece además el cobro de un aporte anticipado por cada productor y por cada producto que se coloca en el mercado, para contar de antemano con el presupuesto necesario para la correcta gestión de estos residuos exigido por la ley. Además crea un ente mixto que tiene como objetivo planificar, proyectar y ejecutar, las actividades de recolección, recuperación, transporte, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos considerando el siguiente orden de prioridades: reutilización, reciclado, otros métodos de valorización, disposición final ambientalmente responsable, en caso de ser necesario.

“Es necesario remarcar que más allá de la disminución o la ausencia de mercurio, los residuos de pilas y baterías no son inocuos. Estos artefactos tienen diferentes niveles de toxicidad por eso ninguna pila debe ser tirada a la basura, es urgente y necesario separarlas del flujo de los residuos domiciliarios comunes”, señaló Yanina Rullo de la Campaña contra la Contaminación de Greenpeace. “Todas las pilas pueden ser recicladas con recuperación de materiales valiosos. Existiendo la posibilidad, deben ser recicladas donde se disponga la tecnología adecuada para hacerlo. Hoy en día existen algunos operadores en nuestro país que están exportando baterías para su reciclado fuera del país”, agregó Rullo.

En otros países ya se ha implementado la Responsabilidad Extendida del Productor para las pilas y baterías y para los demás residuos eléctricos y electrónicos. La Directiva Europea 2006/66/UE establece las normas de la puesta en el mercado de las pilas y baterías y en particular la prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación de estos productos. Por otro lado instaura las normas específicas de recolección, tratamiento y reciclado de pilas y baterías. La Directiva 2002/96/CE hace lo mismo con los demás residuos electrónicos. Por otro lado, en varios estados de Estados Unidos y en Canadá se ha establecido la recolección diferenciada, gestión y reciclado de todas las clases de pilas y baterías incluidas en, por ejemplo la Universal Waste Rules en California o el Rechargeable Battery Recycling Program (RBRC) en Canadá.

“Es imprescindible dar hoy una solución a la gestión de los residuos electrónicos que son la fracción de los residuos domiciliarios que más rápido están creciendo. La particularidad de estos es que son mucho más tóxicos que los residuos comunes. Hoy existe la posibilidad de encontrar la mejor forma de gestión de esta clase de basura, pero está demorada en el Senado”, señaló Testa.

Las pilas y baterías contienen cadmio, litio, níquel, plomo, dióxido de manganeso y en muchos casos siguen conteniendo mercurio, todos compuestos altamente tóxicos y que ocasionan graves impactos en la salud de las personas.

Obama debe abandonar los planes de perforación del Ártico y llamar a una moratoria en alta mar

Internacional — Tras el anuncio del Presidente Barack Obama que no habrá más perforaciones “off shore” hasta que las investigaciones del desastre provocado mar adentro por la explosión de la plataforma de la British Petroleum (BP) estén completas, el Director Ejecutivo de Greenpeace Estado Unidos, Philip Radford declaró:

"El anuncio del Presidente, si bien es un positivo primer paso, no va lo suficientemente lejos. La única manera de prevenir pérdidas humanas, tragedias económicas y ambientales en aguas profundas como las ocasionadas por el desastre de la BP, es volver a promulgar la moratoria sobre la perforación mar adentro y la sustitución de combustibles sucios y peligrosos por energía limpia.

El 2 de abril, el presidente Obama dijo:"Resulta, por cierto, que las plataformas petroleras de hoy, por lo general, no causan derrames ya que son tecnológicamente muy avanzadas". Días después, el derrame de la BP en aguas profundas comenzó.

Uno de los primeros pasos que debiera dar el Presidente para comenzar a hacer el cambio hacia las energías limpias, es exigir que para el año 2015 todos los vehículos nuevos sean fabricados con las actuales tecnologías disponibles que permiten una eficiencia de 100 millas por galón. Además, el presidente Obama no debería autorizar a Shell a realizar las perforaciones en el Ártico planeadas para este verano.

El Servicio de Guardacostas considera que un derrame en el Ártico se convertiría en un "escenario de pesadilla" debido a las dificultades en la limpieza que este tipo de desastre generaría en el Ártico. Si no podemos manejar un derrame en el Golfo de México, imaginemos el impacto que, incluso un pequeño derrame, puede tener en las lejanas y prístinas aguas del Ártico".

Greenpeace: El recambio de televisores generará una explosión de basura electrónica

Buenos Aires, Argentina — La organización ambientalista alertó sobre el aumento en la generación de basura electrónica que provocará el creciente recambio de televisores en Argentina. Greenpeace advirtió que las ventajas del financiamiento en cuotas, las innovaciones tecnológicas y el “efecto” Mundial 2010 están provocando una progresiva actualización del parque de televisores. Esta tendencia se acentuará en los próximos años a raíz de la incorporación de la televisión digital en el país con el llamado “apagón analógico”.

Greenpeace alertó sobre el impacto en la generación de basura electrónica que provocará el creciente recambio de televisores en Argentina. Con un vehículo caracterizado como un camión recolector de residuos domiciliarios volcando una montaña de televisores descartados y en desuso, la organización ambientalista presentó su informe “Recambio de televisores: la explosión de la basura electrónica” (1).

Según Greenpeace, en los últimos 5 años -2005 a 2009- se vendieron en el país 11 millones de televisores, lo que representa en promedio 1 televisor por hogar. De acuerdo a las estimaciones se proyecta que, en los próximos 4 años, se agreguen otros 10 millones de equipos al parque actual, lo que representa un incremento del parque de televisores en más de 20 millones de unidades en menos de 10 años.

Según la organización ambientalista, las ventajas del financiamiento en cuotas en los centros comerciales por el “efecto” Mundial 2010 y la reciente irrupción de los modelos de grandes formatos de pantalla plana (plasmas, LCDs, LEDs y próximamente 3D) están provocando en Argentina un creciente recambio de televisores. Además, advirtió que esta tendencia creciente se acentuará en los próximos años a raíz de la progresiva incorporación de la televisión digital en el país, el llamado “apagón analógico”, cuando deje de emitirse señal televisiva “por aire” y toda la programación sea emitida digitalmente.

“Por el volumen y velocidad de recambio, el televisor se ha convertido en uno de los principales equipos que engrosarán las crecientes cantidades de residuos electrónicos generados en nuestro país”, señaló Yanina Rullo, integrante de la Campaña de Residuos Electrónicos de Greenpeace, y agregó; “el “apagón analógico” será el mayor impulso al recambio de televisores, como está sucediendo en otros países. Si bien los televisores tienen un reuso mayor comparado a otros aparatos, esta tendencia se reducirá ya que los viejos equipos no lograrán captar las ventajas y funcionalidades de la era digital”.

En promedio el televisor “principal” de cada hogar argentino ha sido renovado en los últimos cinco años, sumándose a los ya adquiridos o desplazándolos. Desde el año 2003 las ventas de equipos receptores han registrado un aumento. La proyección para este año indica que se venderán entre 2,1 a 2,5 millones de televisores, de acuerdo a las expectativas de la industria. Estas ventas son impulsadas especialmente por el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.

“Ante a este crecimiento en el recambio de televisores, Argentina no cuenta con ninguna infraestructura formal para hacer frente a la basura electrónica y gestionar este tipo de residuos”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace. “Cuanto más se retrase la implementación de políticas para la gestión diferencial de esta corriente de desechos, mayor será la cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados y mayores los costos de reparación ambiental”.

Los equipos de televisores y gran parte de los aparatos eléctricos y electrónicos descartados en nuestro país terminan en rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto, con un agravante: tienen un grado mayor de toxicidad que los residuos domiciliarios comunes. Por otro lado, los nuevos equipos de LCD contienen una mayor proporción de contaminantes que la “vieja” tecnología de tubos de rayos catódicos y un ciclo de vida esperado menor. Con la era digital, además, otros aparatos caerán en desuso, por ejemplo DVD y videos, ya que no son compatibles con los decodificadores.

“Desde Greenpeace demandamos la aprobación de una ley nacional para la gestión de estos residuos que establezca la Responsabilidad Individual del Productor, que implica que los productores tomen responsabilidad legal y financiera (como mínimo) del ciclo de vida completo de sus propios productos, incluyendo los costos de recolección y tratamiento al final del ciclo de vida”, concluyó Testa.

Nota:

(1) Recambio de televisores: la explosión de la basura electrónica.
http://www.greenpeace.org/argentina/contaminaci-n/informe-recambio-tv-basura-electronica
Elaborado en base al Informe La Tele es e-basura: Cuantificación del impacto de la renovación de equipos receptores de televisión en Argentina, de Alejandro Prince, Consultora Prince & Cooke para Greenpeace Argentina.

Greenpeace respaldó el proyecto de ley de Basura Electrónica

Buenos Aires, Argentina — Greenpeace acompañó la presentación pública del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, que se llevó a cabo en la sala Eva Perón del Senado de la Nación. La ONG y otras organizaciones de la sociedad civil colaboraron trabajando durante más de dos años para alcanzar un texto de ley consensuado.

Greenpeace ha venido reclamando por una Ley de “Basura Electrónica” que cree la infraestructura para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, la fracción de los residuos domésticos que más rápido está creciendo y que más componentes tóxicos contiene. Semanas atrás, la organización ambientalista denunció que 10 millones de teléfonos celulares serán descartados este año en el país. Este descarte de equipos se suma al de televisores, computadoras, pilas y baterías y aparatos línea blanca entre otros, que hoy terminan en rellenos o basurales e incluso son incinerados.

“Se necesita de manera urgente comenzar a reciclar, reutilizar y recuperar los materiales contenidos en los aparatos electrónicos que hoy estamos tirando, literalmente, a la basura. El recambio tecnológico de estos equipos hace que sean la fracción de residuos que más rápido crece, con el agravante de contener sustancias peligrosas, como metales pesados, y por otro lado, materiales valiosos, como el oro, el cobre y el platino que son enterrados una vez que los aparatos son descartados”, señaló María Eugenia Testa, directora Política de Greenpeace.

Entre los puntos principales del proyecto de ley se establece la Responsabilidad Extendida del Productor, principio impulsado por Greenpeace, que hace responsable legal y financieramente a los productores de estos aparatos durante el ciclo de vida completo de los mismos, desde la fase inicial de la producción hasta su gestión final cuando finaliza su vida útil. El texto de ley además establece la prohibición de sustancias tóxicas en los aparatos, lo que va en sintonía con la legislación internacional al respecto.

“La Responsabilidad Extendida del Productor apunta a que los fabricantes extiendan la vida útil –durabilidad- de sus productos, se orienten al eco diseño y realicen productos fácilmente desmontables y reciclables libres de sustancias contaminantes. Cuanto más se retrase la implementación de políticas que promuevan la responsabilidad del productor para estos desechos, mayor será la cantidad de residuos electrónicos acumulados a ser tratados y mayores los costos de reparación ambiental”, señaló Testa.

Como ejemplo del nivel de descarte tecnológico Greenpeace publicó en marzo pasado el informe “El lado tóxico de la telefonía móvil” en el cual denunció que el descarte de teléfonos móviles aumentó 4 veces en los últimos 5 años. El incremento en el consumo, la escasa vida útil de los productos (estimada en menos de 3 años) y las altas cifras de descarte conviven con un reducido circuito de reciclado. Hoy se recicla menos del 6% del total de los residuos provenientes del sector de tecnología.

El proyecto de ley de Basura Electrónica fue presentado conjuntamente por su autor, el Senador Nacional, Daniel Filmus; la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Dra. Leila Devia; el Director de Campañas de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga; la Directora Ejecutiva de Fundación Equidad, Carolina Aniño; el vicepresidente de la Fundación Ambiente y Sociedad, Roberto Felicetti y director de la empresa operadora Silkers, el Lic. Gustavo Protomastro, entre otros.